Pobreza: una crisis histórica

Por Emiliano Fabris, secretario de finanzas de Suteba Bahía Blanca, militante de Política Obrera

Que un país supere el 50 por ciento de pobreza refleja una desocupación masiva y  salarios y jubilaciones que no cubren la canasta básica, cuyo monto es la mitad de una canasta familiar.  Un país pionero en América Latina en conquistas sociales, fruto de históricas luchas de la clase obrera, hoy se encuentra asediado por la miseria. La contrapartida de esta pobreza es una deuda pública de 400 mil millones de dólares a una tasa anual del 4 por ciento, o sea 16 mil millones de dólares. La deuda se reparte por mitades entre tenedores extranjeros y nacionales. A esta deuda del Tesoro nacional y las provincias se añade la del Banco Central con los bancos locales por cuatro billones doscientos mil millones de pesos, a una tasa anual del 40 por ciento, con un considerable potencial hiperinflacionario. Este endeudamiento no ha agregado nada a la inversión pública de Argentina, porque es el resultado de sucesivas renegociaciones de deuda imposible de pagar. La gigantesca pobreza de muchos es la contracara de una acumulación de riqueza por parte de muy pocos. La pandemia agravó la situación por cuanto los gastos que ocasionó - subsidios a empresarios - fueron financiados por los bancos locales a la tasa señalada del 40% anual.

El acuerdo que el gobierno promete concretar con el FMI empeorará considerablemente la situación de las grandes masas. Por eso se firmará luego de las elecciones. El propósito de este acuerdo es producir un ‘ajuste’ mayor de salarios y jubilaciones que permita pagar los intereses de la deuda y renovar los plazos de pago del capital. Esto afectará negativamente a la vivienda, la salud y la educación. Compromete la necesidad de mayores  salarios y de reclutamiento del personal de salud, insumos e infraestructura en los hospitales y salas médicas, asistencia económica para desocupados, plan de vivienda, conectividad masiva para garantizar la educación pública. Es necesario desarrollar una vacuna propia ante el boicot de las multinacionales a renunciar al monopolio de las patentes.

El gobierno actual  y el FMI se han comprometido a que el acuerdo al que arriben sea validado por el Congreso que se elige en noviembre, con la finalidad respaldarlo con la garantía del voto popular. Una verdadera perversidad porque los principales perjudicados serán los mismos ciudadanos y ciudadanas. El “ajuste” implica suba de la edad jubilatoria; despidos sin indemnización; aumentos de la tasa de interés para reanudar el endeudamiento del Estado.

Los trabajadores necesitan lo contrario de lo que se dispone a hacer el Gobierno y el Congreso “Todos Juntos”. Necesita salarios y jubilaciones  mínimos igual al costo de la canasta familiar - de 140 mil pesos - según el Indec. Un plan masivo de obras públicas y viviendas, hospitales y escuelas, con la incorporación al trabajo de millones de personas. No se puede pagar un peso más de deuda pública a una minoría de rentistas y especuladores, y  romper la tutela del FMI.