Comienza el juicio por fraude contra la exdiputada María Marta Corrado

La exfiscal y exdiputada provincial María Marta Corrado comenzará a ser juzgada este lunes en Bahía Blanca, acusada de participar en una presunta maniobra de estafa vinculada con la herencia de Adolfo José Luis Herro, un reconocido contador asesinado en julio de 2005.

El debate oral y público se desarrollará hasta este viernes en el Juzgado Correccional N° 2, subrogado por la jueza María Mercedes Rico, en el tercer piso del Palacio de Tribunales de Estomba 34.

Corrado está acusada de haber participado en maniobras destinadas a vaciar el patrimonio de su excuñado, con el objetivo de impedir que Maximiliano Antonio Rodríguez Labastía, hijo y único heredero universal del fallecido, pudiera acceder a los bienes que le correspondían.

La investigación se remonta al 25 de julio de 2005, cuando Herro fue asesinado. De acuerdo con la acusación, familiares y allegados habrían realizado distintas operaciones para desprenderse rápidamente de su patrimonio, que incluía propiedades y una importante colección de armas.

El caso tuvo una amplia cobertura de La Brújula 24, cuando otros seis acusados fueron llevados a juicio por los mismos hechos. Entre las maniobras investigadas figuraban la venta de dos inmuebles, uno en La Plata y otro en Cariló, presuntamente por valores inferiores a los reales, y la transferencia de una colección de aproximadamente 100 armas de fuego que pertenecían al contador.

Durante aquel proceso, un gestor declaró que había realizado transferencias de armas a nombre de distintos allegados al fallecido, entre ellos Eugenio Herro y su entonces esposa, María Marta Corrado (quien también fuera concejal).

El testimonio formó parte de las pruebas analizadas para determinar si existió un acuerdo entre familiares y conocidos para disponer de los bienes antes de que Rodríguez Labastía pudiera reclamar su herencia.

El hijo de Herro había conocido a su padre pocos meses antes del asesinato y, luego de su muerte, inició un proceso judicial para obtener el reconocimiento legal de su filiación.

En septiembre de 2022, durante una entrevista con este medio, Rodríguez Labastía cuestionó las operaciones realizadas sobre el patrimonio familiar. "Liquidaron todo el patrimonio en muy poco tiempo", afirmó entonces, al denunciar que había sido excluido de los bienes de su padre.

También sostuvo que los integrantes de la familia conocían su existencia y que, pese a ello, avanzaron con las operaciones patrimoniales. El primer juicio concluyó con la absolución de Eugenio Valentín Herro, Gustavo Adolfo Herro, Juan Alberto Marini, Enrique Mario Pérez Ronda, María Josefa Rodríguez y Hugo Osvaldo Adobatti.

La resolución fue dictada por el juez Gabriel Giuliani, titular del Juzgado Correccional N° 1, aunque posteriormente fue apelada y todavía se encuentra pendiente de una resolución definitiva.

En su momento, Claudio Pontet, abogado defensor de Gustavo Herro, sostuvo en declaraciones a La Brújula 24 que las operaciones cuestionadas no constituían un delito porque, al momento de la muerte del contador, Rodríguez Labastía todavía no había obtenido el reconocimiento judicial de su filiación.

"La única heredera era la madre del contador, porque en 2005, cuando falleció, Maximiliano Labastía no era hijo de Adolfo Herro para la ley", argumentó el letrado al defender la absolución.

Por su parte, Corrado también se refirió públicamente a la causa en marzo de este año, durante una entrevista con el programa La Peña de Homero, cuando habló sobre su participación en un ciclo de streaming humorístico.

En aquella oportunidad, la exfuncionaria judicial aseguró que se trataba de un expediente antiguo y sostuvo: "Es una causa que tiene 20 años y ya se determinó que no hubo delito".

Sin embargo, la acusación en su contra llegará ahora a juicio oral, donde se analizará su presunta responsabilidad individual en las operaciones realizadas sobre la herencia de Herro. La fiscalía estará representada por Gabriel Lopazzo, quien también intervino en el proceso desarrollado en 2022.

De esta manera, más de dos décadas después del asesinato del contador, la Justicia volverá a examinar una causa que involucra a integrantes de su entorno familiar y que tuvo como eje la disputa por un patrimonio de considerable valor económico.