Mafia de la Uocra: “El daño social que causaron fue muy grande”

El Fiscal General, Juan Pablo Fernández habló esta mañana sobre la resonante causa de la UOCRA, que irá a juicio el próximo lunes 28 y podría durar más de un mes. Se trata de 14 personas que fueron detenidas en el 2018 en un mega-operativo que fue noticia a nivel nacional y que están acusadas por asociación ilícita y extorsión reiterada.

Primero, el profesional recordó en diálogo con el periodista Germnán Sasso como era el modus operandi de los gremialistas. “Eran una asociación ilícita que bajo el escudo protector del sindicato, que era dirigido de modo paralelo por Humbero Monteros y José Bernardo Burgos, que son los imputados como jefes y luego 12 personas más que también formaban parte de esa actividad”.

“Se constituían en las obras, amenazaban con la paralización de las mismas mediante asambleas producto de algunas deficiencias que podían o no existir. A veces esas deficiencias se las inventaba, pero con ese pretexto la modalidad operativa era citarlos a la sede y hacerles determinadas exigencias para poder continuar”, graficó Fernández.

Y agregó: “Eso dejaba de estar vinculado a condiciones del trabajo y el reclamo cesaba si accedían a esos pedidos como por ejemplo la entrega de dinero para beneficio personal, o la contratación de determinadas empresas de baños químicos, transporte de los empleados, el catering, que estaban vinculadas a estos dirigentes”.

Por otra parte, el fiscal señaló que “una de las quejas recurrentes, más allá de que eso no cambiaría la figura delictiva, fue que no cobraran lo mismo que otras empresas, sino que cobraban más. Pero con la contratación de empresas iba la autorización implícita de que no serían molestados en el trabajo”.

“También muchas veces se pedía contratar a determinadas personas, o que haya algunos delegados en la obra y que no cumplían ningún tipo de labor. Incluso los tenían amenazados de modo permanente. ¿Por qué se accedía? muchas veces los contratos se hacen con cláusulas penales por tiempos, y a partir de ahí hay compensaciones de dinero importantes. Es por eso que los empresarios, si se les demoraba la obra, tenían costos adicionales muy altos”.

Más de Fernández

“La modalidad básica operativa era que pasaran por el sindicato a charlar y en esa oportunidad en que eran intimidados a arreglar las cosas se le exigía a un dinero mensual y la contratación de estas empresas antes mencionadas”.

“A partir de acá hubo un desprendimiento por el tema proveedores que veremos hacia dónde nos lleva. El flujo de dinero permite demostrar las ventajas y el interés de cada uno”.

“Es cierto que la actividad comercial es lícita, pero no se puede hacer en condiciones extorsivas. Es fundamental en estos casos la demostración de conocimiento de todas estas circunstancias”.

“Recuerdo en las oportunidades en que se citaban a los empresarios, dejaban prendidos los televisores a alto volumen para que si llevaban algún grabador no se pudiera registrar de una forma nítida lo que se estaba diciendo. Además algunas cosas se escribían en un papel, como el dinero que había que darles”.

“Esto pone en evidencia el elevado costo argentino, porque una obra no sale lo que debería y hay que tener en cuenta todos estos peajes”.

“Los imputados pidieron estar presentes en el juicio a través de sus abogados, con lo cual la realización del proceso con toda esta situación de pandemia no es fácil, son 14 imputados y el personal de custodia también tiene que estar presente”.

“El personal propio del juzgado, una gran cantidad de testigos. Ahora el doctor Zorzano –fiscal de la causa– está tratando de articular para que muchos de los testigos puedan comparecer a través de videoconferencia y evitar también la circulación del virus”.

“El daño social es muy grande, por el modo en el cual se implementaron, con lo cual yo creo que por la pluralidad de los hechos la pena tiene que ser alta”.

¿Quiénes son los detenidos?

Se encuentran con prisión preventiva Humberto Monteros, José Bernardo Burgos, Guillermo Molina, Sergio Daniel Vásquez, David Muñoz, Walter Paiz, Carlos Carrillo, Mario Matías González, Roberto Sabino Ríos, Raúl Ernesto Erbin, Pablo Gutiérrez, Sebastián Canales, Sergio Vásquez y Damián Cabrera.

El líder es el gremialista Humberto Monteros, quien fuera imputado por “los delitos de asociación ilícita, en calidad de jefe por un hecho y por extorsión reiterada en calidad de coautor por treinta hechos como así también por tenencia ilegítima de arma de fuego de guerra en calidad de autor, en concurso real de delitos”. En tanto a Guillermo Burgos, mano derecha de Monteros, se lo procesa por “asociación ilícita en calidad de jefe por un hecho y extorsión reiterada por 29 como así también otros dos en grado de tentativa.

El resto de los investigados por ser parte de una mafia que pedía coimas o contratar empresas afines para ejecutar obras públicas, situación que llegó a oídos de la mismísima gobernadora María Eugenia Vidal, apenas unos días antes de los múltiples procedimientos.

Monteros fue arrestado en una vivienda de Monte Hermoso, donde se encontraron más de 5 millones de pesos y 100 mil dólares escondidos en bolsas, cajas y bolsos, así como también una pistola calibre 9 mm y estupefacientes para consumo. Además hallaron una caja de seguridad con otros 423.309 dólares distribuidos en fajos.

La pena que les puede caber es de entre tres y diez años, según el grado de participación en las maniobras, ya sea por asociación ilícita y una sentencia similar por extorsión.