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La Justicia volvió a intimar al Gobierno por el financiamiento universitario: le dio cinco días
El juez Martín Cormick consideró que el Estado no acreditó el cumplimiento total de la cautelar vinculada a salarios y becas. Advirtió que podría aplicar multas.
La Justicia volvió a intimar al Gobierno nacional para que cumpla con la medida cautelar vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario y le otorgó un plazo de cinco días. La resolución fue dictada por el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Nº11, Martín Cormick, quien advirtió que, en caso de incumplimiento, podrían aplicarse multas.
La decisión alcanza a dos puntos de la Ley 27.795: la actualización de los salarios de docentes y no docentes de las universidades públicas y la recomposición de los programas de becas estudiantiles. El magistrado ratificó la intimación luego de que el Ejecutivo presentara un pedido de revocatoria.
Respecto de los salarios, Cormick reconoció que el Estado acreditó convocatorias a negociaciones paritarias y órdenes de pago, pero consideró que no demostró que los incrementos aplicados hayan sido calculados con las variables previstas por la normativa.
Uno de los datos tomados como referencia por el juzgado fue la inflación acumulada entre diciembre de 2023 y junio de 2026. Sobre la base del IPC del INDEC, la resolución señaló un aumento acumulado del 312,19% y sostuvo que de la documentación presentada por el Gobierno no surgía que las actualizaciones salariales hubieran alcanzado ese porcentaje.
También hubo diferencias respecto de las becas. El Estado sostuvo que la única alcanzada por la normativa era la Manuel Belgrano, mientras que la ley menciona además a Progresar, las becas de Enfermería y otros programas. Para el juez, la respuesta oficial tampoco acreditó el cumplimiento integral de lo dispuesto cautelarmente.
Finalmente, Cormick ordenó intimar nuevamente al Poder Ejecutivo para que en cinco días cumpla con la medida, bajo apercibimiento de aplicar astreintes, es decir, multas por incumplimiento. La cautelar se originó en una causa iniciada por el Consejo Interuniversitario Nacional y la Universidad de Buenos Aires.
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