La Justicia ordenó al Gobierno aplicar la Ley de Financiamiento Universitario

El juez federal Martín Cormick declaró inconstitucional una cláusula del decreto 759/2025 que había condicionado la ejecución de la Ley de Financiamiento Universitario y ordenó al Poder Ejecutivo poner en marcha de manera inmediata la norma.

La decisión fue adoptada por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº11 en el marco de dos acciones de amparo: una impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), junto con docentes e instituciones académicas, y otra presentada por la Universidad de Buenos Aires (UBA).

La ley 27.795 había sido sancionada por el Congreso en 2025 y posteriormente vetada por el presidente Javier Milei. Sin embargo, ambas cámaras insistieron con la norma y rechazaron el veto con los dos tercios previstos por la Constitución. Tras esa definición, el Ejecutivo promulgó la ley, aunque incorporó una cláusula que supeditó su aplicación a la disponibilidad de partidas presupuestarias.

Cormick consideró que ese mecanismo funcionó en los hechos como una nueva instancia de veto no contemplada constitucionalmente y sostuvo que, una vez que el Congreso insiste con las mayorías requeridas, el Ejecutivo debe promulgar la norma sin introducir restricciones que impidan su cumplimiento.

El fallo también señaló que la propia ley contempla mecanismos para cubrir las erogaciones, entre ellos la reasignación de partidas por parte de la Jefatura de Gabinete y la utilización de incrementos de recaudación por encima de las estimaciones oficiales.

La normativa alcanza, entre otros puntos, al financiamiento de las universidades nacionales, los salarios docentes y no docentes, las becas estudiantiles, la investigación y los hospitales universitarios.

Además, tal como publica Infobae, en el proceso judicial fueron homologados acuerdos salariales que contemplaron una recomposición del 24,33% para docentes y no docentes, distribuida en dos tramos, además de un incremento del 20% para gastos de funcionamiento, una partida de $50.000 millones para hospitales universitarios y un aumento del 50% en las Becas Manuel Belgrano.

Con la resolución, el Gobierno deberá dictar las medidas reglamentarias y administrativas necesarias para garantizar la efectiva aplicación de la ley y el envío de los recursos previstos para las universidades públicas.