Financiamiento universitario: un fallo judicial favorece al Gobierno

La Cámara Contencioso Administrativo Federal aceptó este martes un planteo del Gobierno nacional y dispuso que se revise la continuidad de una medida cautelar vinculada con la Ley de Financiamiento Universitario, que obliga al Estado a actualizar los salarios de docentes y no docentes y garantizar recursos destinados a becas estudiantiles.

La resolución de la Sala III representa un avance judicial para la administración de Javier Milei, aunque no implica que la medida cautelar haya quedado sin efecto. Los magistrados habilitaron el tratamiento de una apelación que había sido rechazada en primera instancia.

Según informó Infobae, el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, había recurrido a la Cámara luego de que el juez federal Martín Cormick le negara la posibilidad de apelar una orden de cumplimiento de la cautelar.

El tribunal consideró que impedir esa revisión podía ocasionar un perjuicio irreparable al Estado, especialmente porque existía una intimación para cumplir la medida en un plazo de cinco días, bajo amenaza de sanciones económicas.

La controversia se originó en un amparo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otras instituciones contra el decreto 759/25, relacionado con la distribución de recursos para las universidades nacionales.

En ese expediente, la Justicia había dispuesto una medida cautelar para garantizar el financiamiento mientras se resolvía el conflicto de fondo.

Sin embargo, el Gobierno sostiene que esa protección judicial tenía un plazo determinado que ya venció y que, por lo tanto, no corresponde continuar exigiendo su cumplimiento.

Desde el Ministerio de Capital Humano también argumentaron que el Estado ya cumplió con las obligaciones establecidas en los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, vinculadas con la recomposición salarial universitaria y las becas.

En particular, el Ejecutivo afirmó que los aumentos salariales acumulados entre diciembre de 2023 y agosto de 2025 superaron la inflación registrada en ese período.

Además, cuestionó que la orden judicial no especificara con precisión los montos pendientes de pago ni los aspectos de la legislación que todavía debían cumplirse.

La Cámara habilitó también una apelación contra la intimación que exigía cumplir la medida cautelar en cinco días, bajo apercibimiento de aplicar multas diarias.

No obstante, los magistrados aclararon que todavía no resolvieron si el Gobierno cumplió o incumplió la medida original, ni determinaron si la cautelar continúa vigente.

El recurso fue concedido bajo una modalidad que no suspende automáticamente la ejecución de la resolución apelada. Por ese motivo, el expediente regresará al juzgado de primera instancia para continuar su tramitación.

La decisión se conoce en medio de la disputa entre el Gobierno y las universidades nacionales por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, que contempla mecanismos de actualización presupuestaria, recomposición salarial y sostenimiento de becas.

El conflicto tuvo un nuevo capítulo la semana pasada con una movilización federal en defensa de la educación pública, en la que participaron autoridades universitarias, docentes, trabajadores no docentes y estudiantes.

De esta manera, la discusión judicial continuará abierta. La Cámara deberá determinar en una próxima instancia si corresponde mantener las obligaciones establecidas por la medida cautelar o aceptar los argumentos presentados por el Gobierno nacional.