El Gobierno comprará equipamiento para las Fuerzas Armadas bajo secreto militar

El Gobierno nacional declaró bajo secreto militar una nueva adquisición de equipamiento para las Fuerzas Armadas, por lo que los detalles de la operación, incluidos los materiales, los montos y los proveedores, no serán difundidos públicamente.

La medida quedó establecida mediante el Decreto 1205/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Defensa, Carlos Alberto Presti.

La disposición permite avanzar con las contrataciones sin cumplir las obligaciones habituales de publicidad y difusión de los procedimientos de compra del Estado.

En los fundamentos, el Ejecutivo explicó que el Ministerio de Defensa identificó un proceso de adquisición de materiales y equipamiento cuya naturaleza, características y finalidad requieren que la información sea conocida únicamente por personas autorizadas.

Según el texto oficial, su divulgación "podría comprometer la seguridad nacional y los medios de defensa de la Nación".

La decisión se ampara en un decreto de 1963 que contempla la clasificación de secreto militar para adquisiciones, fabricaciones, construcciones y negociaciones consideradas fundamentales para la preparación y el empleo de las Fuerzas Armadas.

El Gobierno autorizó al Ministerio de Defensa, a través de la Subsecretaría de Gestión Administrativa, a instrumentar las acciones necesarias para concretar la operación.

Sin embargo, la norma no identifica qué equipamiento se comprará, cuál será su costo, de qué país provendrá ni a qué fuerza estará destinado.

No es la primera vez que la administración de Milei recurre a esta herramienta. Durante 2024 se dictaron disposiciones similares vinculadas con la adquisición de los aviones de combate F-16 a Dinamarca, la infraestructura necesaria para su funcionamiento y contrataciones complementarias.

La nueva medida se conoce en el marco del proceso de modernización y reequipamiento de las Fuerzas Armadas impulsado por el Gobierno nacional.

También coincide con un escenario de renovadas tensiones diplomáticas entre la Argentina y el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas y la explotación de recursos naturales en el Atlántico Sur, aunque el decreto no establece una vinculación entre ese conflicto y la compra.

El carácter reservado de la operación impide conocer, por el momento, las características y el alcance económico de la adquisición.