Financiamiento universitario: la Justicia impuso una multa diaria al Gobierno por incumplir la cautelar

La Justicia federal dispuso este miércoles una multa de $100.000 por día al jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli, por el incumplimiento de una medida cautelar que obliga al Gobierno nacional a aplicar disposiciones de la Ley de Financiamiento Universitario.

La decisión fue adoptada por el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Martín Cormick, quien consideró que el Poder Ejecutivo no cumplió con la orden de actualizar los salarios del personal docente y no docente de las universidades públicas, además de garantizar los recursos destinados a becas estudiantiles.

Según informó Infobae, el magistrado resolvió hacer efectivo el apercibimiento que había dispuesto el pasado 30 de septiembre, luego de comprobar que persistía el incumplimiento de la resolución judicial.

La sanción económica alcanza al titular de la Jefatura de Gabinete y fue establecida inicialmente en $100.000 diarios, aunque el juez advirtió que tanto el monto como los funcionarios involucrados podrían modificarse si continúa la situación.

La resolución se produjo a partir de un planteo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que denunció que el Estado seguía sin cumplir la medida cautelar, confirmada por la Corte Suprema de Justicia el 25 de junio de este año.

Cormick había intimado al Gobierno a regularizar la situación en un plazo de cinco días. Sin embargo, vencidos los términos establecidos, no se acreditaron los pagos reclamados, lo que motivó la aplicación de las multas.

La Ley de Financiamiento Universitario contempla una recomposición de los salarios docentes y no docentes para compensar la inflación acumulada, además de establecer actualizaciones mensuales vinculadas al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

También dispone la recuperación y actualización de los montos correspondientes a las becas estudiantiles.

Por su parte, el Gobierno nacional apeló la decisión judicial al considerar que se le exige afrontar obligaciones económicas sin una determinación precisa de las sumas adeudadas.

En su presentación, el Ejecutivo sostuvo que los incrementos salariales otorgados desde diciembre de 2023 alcanzaron el 226,80% y que ese porcentaje supera la actualización que, según su interpretación, correspondía aplicar hasta agosto de 2025.

También argumentó que había convocado a negociaciones paritarias y ofrecido una recomposición adicional del 3% para septiembre, complementaria de otro aumento dispuesto en junio.

No obstante, el juez rechazó que la apelación suspendiera los efectos de la medida cautelar, por lo que la obligación de cumplimiento continúa vigente mientras la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal analiza el expediente principal.

De esta manera, el conflicto por el financiamiento de las universidades públicas suma un nuevo capítulo judicial, con una sanción económica diaria que podrá agravarse si el Gobierno mantiene el incumplimiento.