Citan a indagatoria a Alberto Fernández en la causa de los seguros

El juez federal Sebastián Casanello citó a indagatoria al expresidente Alberto Fernández en el marco de la causa que investiga un presunto fraude con los seguros contratados por organismos estatales durante su gestión. El exmandatario había solicitado prestar declaración voluntariamente para ampliar sus dichos antes de que se resuelva su situación procesal. En paralelo, la Cámara Federal revocó la medida cautelar que inhibía sus bienes y los de otros imputados, entre ellos el empresario Héctor Martínez Sosa, su esposa María Cantero —exsecretaria de Fernández— y una treintena de acusados.

Los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah consideraron que la decisión de inhibir los bienes carecía de fundamentos sólidos y no respondía a indicios concretos de ocultamiento de patrimonio. Farah remarcó que las indagatorias se realizaron hace seis meses y aún no se resolvió la situación procesal de los imputados, mientras que Irurzun apuntó contra la falta de motivación para mantener el congelamiento de activos. En disidencia, el juez Roberto Boico votó por sostener la inhibición al considerar que, en casos de criminalidad económica, la congelación temprana de bienes es una herramienta clave según las normas internacionales de lucha contra la corrupción.

La causa investiga una supuesta maniobra de intermediación fraudulenta en la contratación de seguros estatales, con el pago de comisiones millonarias a brokers cercanos a Fernández. El expediente estuvo inicialmente en manos del juez Julián Ercolini, quien tomó declaración a los imputados pero no dictó procesamientos. Luego, Casanello asumió como subrogante, profundizó la investigación y avanzó con nuevas medidas, incluida la inhibición de bienes, que ahora fue revocada nuevamente por la Cámara Federal.

Un informe de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) reveló que Alberto Fernández facturó servicios profesionales a Martínez Sosa entre 2010 y 2019, lo que alimentó las sospechas sobre una posible red de beneficios cruzados entre el expresidente, su entorno cercano y los negocios con seguros. La cautelar sobre los bienes ya había sido dictada y anulada en 2024, y volvió a ser impugnada exitosamente este año. Mientras tanto, señala La Nación, la Justicia debe definir si procesa a Fernández y al resto de los acusados por presunta corrupción.