García Mansilla renunció a su cargo tras 40 días en la Corte Suprema

Apenas 40 días después de haber jurado como juez de la Corte Suprema, Manuel García Mansilla presentó su renuncia indeclinable al cargo. Su nombramiento, formalizado el 27 de marzo por decreto presidencial, fue cuestionado desde el inicio y generó un conflicto institucional que desembocó en su rápida salida. Con su dimisión, la Corte vuelve a funcionar con solo tres integrantes: Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz.

García Mansilla había sido designado por el presidente Javier Milei mediante el decreto 137/25, firmado el 25 de febrero, junto con el juez federal Ariel Lijo, quien nunca llegó a asumir por no renunciar a su cargo actual, tal como lo exige el reglamento interno del máximo tribunal. La falta de acuerdo del Senado y una medida cautelar emitida por el juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, pusieron en jaque su permanencia. Esta última le ordenaba abstenerse de firmar resoluciones o actos administrativos por 90 días, mientras se resolvía la legalidad de su designación.

El juez Ramos Padilla sostuvo que “la falta de acuerdo del Senado de la Nación no puede ser soslayada ni sustituida por una decisión del Poder Ejecutivo Nacional”. Citando el artículo 99 inciso 19 de la Constitución, remarcó que un juez designado en comisión no puede ejercer funciones jurisdiccionales sin el aval de la Cámara alta. La medida había sido solicitada por el abogado Jorge Rizzo y el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, quienes denunciaron que el decreto presidencial vulneraba la independencia judicial.

Pese a ello, el Gobierno defendió la validez de la designación. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aseguró que “no existe ningún artículo en la Constitución que obligue a García Mansilla a renunciar en estas condiciones”. Además, el propio magistrado había presentado un escrito ante el juzgado de Ramos Padilla, donde sostenía que solo podía ser removido por juicio político. El Ejecutivo incluso recurrió a un “per saltum” ante la Corte Suprema para frenar la medida, aunque los otros jueces del tribunal no mostraron voluntad de tratar el planteo.

El conflicto reavivó el debate jurídico sobre las designaciones “en comisión” y el rol del Senado. Algunos sectores consideran que el rechazo parlamentario no invalida automáticamente la designación presidencial, y que los jueces podrían permanecer en sus cargos hasta el 30 de noviembre del año siguiente, salvo que se inicie un juicio político. Sin embargo, el rechazo en el Senado y la orden judicial generaban un riesgo de impugnaciones sobre cada fallo firmado por García Mansilla, en especial tras la votación legislativa.

En medio de la tensión, Ricardo Lorenzetti se expresó sobre el tema en una entrevista radial. “Yo nunca aceptaría ser designado por decreto”, sentenció, marcando distancia con la decisión del Ejecutivo. Al mismo tiempo, defendió la institucionalidad del máximo tribunal: “La Corte es una institución que va más allá de las personas que la integramos. Estamos funcionando correctamente, se dictan sentencias, vamos a seguir haciéndolo más allá de todas las opiniones”.

La renuncia de García Mansilla no solo devuelve a la Corte a su formato de tres jueces, sino que también abre interrogantes sobre el futuro de las designaciones por decreto, los límites del Poder Ejecutivo y el papel de control que ejerce el Senado. El caso deja planteado un precedente que podría tener consecuencias en futuras nominaciones dentro del Poder Judicial.

Con información de Infobae