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a dos años de la muerte de facundo castro

Los fiscales que no quisieron investigar al peritrucho

Iara Silvestre, Horacio Azzolín y Andrés Heim desoyeron la indicación que ordenó analizar la actuación de Marcos Herrero.

Los fiscales Iara Silvestre, Horacio Azzolín y Andrés Heim desoyeron la indicación de la jueza Gabriela Marrón que hace más de un año y medio ordenó investigar las irregularidades del peritrucho Marcos Herrero.

El peritrucho Marcos Herrero está detenido por su intervención en la búsqueda de una persona en Mendoza.

La actitud del Ministerio Público Fiscal de mirar para el otro lado sobre el accionar de un delincuente -disfrazado de adiestrador canino- es alarmante. Avalar a quién se especializa en sembrar pruebas y por otro lado trabajar para impedir que se incorpore al expediente el trabajo de profesionales reconocidos de la UNS-Conicet sobre la muerte de Facundo deja muchos interrogantes abiertos.

Al parecer su estrategia no es sólo no investigar a Herrero ni a los mentirosos testigos presentados por la querella (ver aparte), sino que la intención es clara: seguir pidiendo medidas que extiendan y extiendan en el tiempo una resolución. Por ejemplo, pedir reconstrucciones de los hechos o insistir en pruebas que ya se realizaron. Circo y más circo que sólo seguirá dañando a inocentes. Como se sabe, muchas veces en Argentina la condena es el proceso.

A continuación, y sobre estos puntos, un fragmento del libro Operación Facundo:

(…) El 28 de agosto de 2020 el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, sumó a dos fiscales para que colaborasen en la Causa Facundo.

El Procurador decidió enviar a Andrés Heim, titular de la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN), y a Horacio Azzolin, jefe de la Unidad Especializada en Ciberdelincuencia (UFEQ) y subrogante de la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca.

Esta situación, que al comienzo parecía aliviadora para el fiscal natural, luego se convertiría en una complicación. Es que los forasteros comenzaron a solicitar medidas ya investigadas y daba toda la sensación de estar trabajar más “para la tribuna” que para el expediente y la averiguación de la verdad histórica.

El mismo día que se conocían los resultados concluyentes de la autopsia, y por ende se desmoronaba la tesis de desaparición forzada, los representantes del Ministerio Público pidieron una batería de pruebas, que parecían estar más orientadas a quedar a salvo de las difamaciones de la querella y sus acólitos mediáticos y no quedar en el ojo de la tormenta como su colega Martínez o la jueza.

“Tanto Heim como Azzolín querían ascender y no era momento de enfrentarse a los organismos de Derechos Humanos, el Cels o la Comisión Provincial de la Memoria. Ellos se pusieron del lado de la querella. Lo podían hacer eran fiscales. Pero no fueron objetivos. Lo hicieron por conveniencia no por convicción”, resumió un hombre con despacho en Comodoro Py que los conoce a ambos.

Aquel 1 de octubre de 2020 a las 22:13, y por más que el impecable trabajo del Equipo Argentino de Antropología era concluyente sobre el modo y lugar de muerte de Facundo, los fiscales le solicitaron a la Jueza Gabriela Marrón una serie de allanamientos que ya no tenían sentido y medidas que, salvo dos o tres, rozaban lo ridículo. Los rechazos de la magistrada fueron en duros términos.

Entre lo que se concedió estuvo el secuestro de la libreta original del policía González, donde estaban escritos los datos de Facundo y los datos de la productora rural, que como ya se contó había sido demorada unos días antes en la misma Ruta 3. También se autorizó el pedido de los archivos digitales y originales a la Municipalidad de Villarino de las lectoras de patentes. Nada trascendente, pero se trataba de cuestiones, dentro de todo, lógicas.

Lo que no pasaba el filtro del sentido común serían el resto de los pedidos: nuevo allanamiento (el tercero) al destacamento de Origone y el secuestro de casi medio centenar de teléfonos de policías de distintas localidades.

Sobre el primer punto, Marrón sostuvo: “La fiscalía solicita allanar nuevamente el Puesto de Vigilancia de Teniente Origone para buscar fauna cadavérica, sedimentos y/o micro algas y sustancias hemáticas mediante el empleo del dispersado de luminol. Asimismo, no opone reparos al ingreso del aquí cuestionado perito de parte Herrero. Lo cierto es que el informe final de la pericia a los restos óseos determinó con rigor científico que el cuerpo siempre estuvo en la zona del hallazgo, ya que no se detectaron elementos ajenos al medio. También determinó que no presentaba lesiones vitales. Por lo que mal puede buscarse restos del cadáver, algas, sedimentos y elementos conexos, en esa dependencia policial ya allanada en dos oportunidades y distante a muchos kilómetros del hallazgo del cuerpo. La fiscalía no esboza una idea a modo de hipótesis razonable y lógica para sostener la medida. Cabe agregar, en relación a la sangre, que ningún de los testigos que tuvo contacto o vio a Facundo en el momento o con posterioridad a los dos controles policiales que sorteó – Mayor Buratovich y Origone -, percibieron, observaron y/o escucharon que haya sido golpeado, herido, atacado, agredido de manera tal que pueda haber sangre en las paredes de esa comisaría. En el marco de estas dos aseveraciones, un tercer allanamiento tampoco resulta procedente. Ahora bien, analizadas todas las valoraciones que los fiscales hacen respecto del destacamento policial de Origone – esto es, que allí puede haber sangre, restos de cadáver o del Estuario y de la Ría -, se advierte que las inferencias que hacen no ensamblan, sino que, más bien, se excluyen entre sí: entienden que Facundo con vida y sin vida estuvo en ese lugar en un solo momento. Llamativo es que no analizan ni valoran otras pruebas que ubican a la víctima en otros sitios, ni siquiera para descartarla (como la declaración de la testigo H. y los informes de impacto de celulares ya referidos)”.

Al tun tun y excursión de pesca

Sobre el pedido de secuestro de los teléfonos de decenas de policías, la magistrada respondió: “El pedido estudiado requiere medidas –secuestro de celulares– sobre cuarenta y seis personas: algunas integran la cadena de mando de Sosa, Curuhinca, Flores y González, y otras forman parte de diversas agencias policiales de los partidos de Villarino y Bahía Blanca. Según indica la fiscalía, ciertas circunstancias de la causa, conectadas a las medidas de prueba que se solicitan, ´permitirían analizar un esquema de actuación sistematizada, coordinada y organizada en torno a la búsqueda de Facundo…., aunque encaminada a entorpecer el curso de la investigación en torno al objeto procesal, esto es, la desaparición forzada, recientemente, seguida de muerte del joven´. Adviértase que no expresa en detalle qué creen los acusadores que cada una de estas personas le hizo a Facundo: ¿Lo mataron?, ¿Lo amedrentaron?, ¿Lo amenazaron?, ¿Lo golpearon?, ¿Dieron alguna orden?, ¿Incumplieron algún deber?, ¿Cuál?, ¿Qué se sospecha de cada uno de los agentes policiales?. Una cosa son los hechos y otra muy distinta las conclusiones. Fundar una medida invasiva de la intimidad de las personas en conclusiones que no se infieren lógicamente de algún hecho concreto es un acto de arbitrariedad. En consecuencia, la estrategia escogida por los acusadores se asemeja a una auténtica “excursión de pesca”, lo que es inaceptable en un Estado de Derecho. Se trata de un acto ilegal, desproporcionado, que vulnera, sin eufemismos, garantías constitucionales. Disponer medidas probatorias sin que esté claro qué se está buscando, atenta también contra el éxito-validez de la investigación, sin dejar de indicar el tiempo que insumiría obtener algún resultado concreto. Y no puedo dejar de señalar como hecho grave que se pretenda secuestrar los celulares del personal policial de Villarino (Pedro Luro, Hilario Ascasubi, Mayor Buratovich, Teniente Origone, Médanos), General Daniel Cerri y algunos efectivos de Bahía Blanca, sin distinción ni razón fundada alguna, ´para ver que hay´ y sin advertir el riego en el que se pone a la población civil al interferir en el servicio público de seguridad que brindan esas personas, ya que se les quitaría la posibilidad de comunicarse entre sí”.

Conclusiones

Por último, en el escrito de rechazo, la titular del Juzgado Federal 2 se manifiesta en duros términos y resume en pocas líneas lo que hay y no hay en la investigación.

“El objeto de la presente investigación se centra en comprobar si la desaparición y la muerte de Facundo José Astudillo Castro se produjeron a consecuencia de un hecho delictuoso -desaparición forzada- y en su caso, establecer todas las circunstancias relevantes e individualizar a los autores y partícipes (art. 193 del CPPN). En este punto fundamental, cabe remarcar dos hitos relevantes de la instrucción. El primero fue la imputación de los agentes policiales Sosa, Curuhinca, Flores y González realizada por los acusadores. Dicha imputación fue desestimada por prematura, al entender que no encontraba apoyo en los elementos probatorios reunidos, hasta ese momento, sin perjuicio de lo que podía resulte del avance de la pesquisa. La evidencia producida (testimonios, informes, pericias, documentación, allanamientos y secuestros) concuerda – en principio – con la versión de los hechos brindada por los sindicados. Es importante señalar que aquel decisorio fue consentido tácitamente por las partes –fiscalía y querellas– al no apelar. El segundo hito fue el hallazgo de restos óseos ocurrido los días 15 y 21 de agosto del corriente año, en la zona del canal denominado “Cola de Ballena”, en las inmediaciones del área conocida como “Villarino Viejo”, los que, de acuerdo al proceso de identificación, que combinó estudios antropológico forense, médico forense, odontológico forense y genético forense, pertenecen a Facundo. Recientemente se conocieron los resultados de los estudios científicos realizados sobre dichos restos e información complementaria. Los principales resultados científicos concluyen que la muerte de Facundo se produjo por ahogamiento en el mismo medio en el que fue hallado. No se observaron lesiones vitales, ni signos de participación de terceras personas (heridas de bala, armas blancas, fracturas premortem u otro tipo de traumatismos). El cuerpo no estuvo en un ambiente distinto al del hallazgo durante el intervalo postmortem (no menor a 30 días). Las lesiones y modificaciones que sufrió el cadáver fueron producto de la acción de depredadores y exposición medioambiental (p. ej. zorreo pampeano o gris, fluctuación de agua por las mareas, y presencia de invertebrados y aves).

Las medidas probatorias solicitadas requieren, para su validez, la fundamentación de las razones que las habilitan ya que, de lo contrario, por estar en juego garantías constitucionales, resultarían arbitrarias (arts. 122 y cc. del CPPN) ocasionando su inevitable nulidad. Esto quiere decir que el juez debe definir, por auto fundado, si accede o rechaza el pedido de producción de prueba que importe la afectación de derechos. En ese sentido, adquiere relevancia fundante la evidencia ya producida en la causa al igual que cualquier cuestión procesal o análisis que se haga del caso. Es decir, la valoración de la producción probatoria aparece ineludible ya que es la que da sustento a las medidas requeridas por el acusador público. La prueba reunida sirve para otorgar validez al razonamiento y a la decisión judicial. Cuando las medidas requeridas en la investigación alcanzan a personas, cosas de su propiedad o ámbitos reservados las garantías impiden hacer lugar a la actividad probatoria sin elementos suficientes que la funden. El estado no puede avanzar sobre los derechos a la intimidad, la propiedad y la libertad sin una justificación razonable. Son las reglas de la litigación, es la justicia del caso y la máxima del debido proceso.

En consecuencia, dicho esto, las pretensiones de la fiscalía deben someterse a un juicio imparcial, lógico, razonable, asentado en la evidencia. Más allá de lo que las partes, en sus aspiraciones individuales, crean o digan que ocurrió, los hechos se fijan y se establecen a partir de la prueba como regla básica.

Las partes pueden pedir, pero el juez tiene que decidir fundadamente, de modo tal que permita el control de la decisión, ciñéndose a las reglas probatorias que emanan de la dignidad humana y de las garantías del debido proceso. En línea con ello, cabe afirmar que lo acreditado es lo que fue demostrado a través de información de calidad. La convicción tiene que ser fundada, no puede ser caprichosa, provenir de un antojo o de la mera voluntad de alguien. Debe asentarse en pruebas y argumentos razonablemente expuestos.

Si el juez obrara automáticamente, sin reflexión, podría ser reemplazado por una computadora. No da lo mismo sortear o no una garantía. Las reglas procesales no pueden alterarse. El sistema jurídico no debe tolera y consentir arbitrariedades.

La importancia del fundamento y razonamiento que sigue a la evidencia radica en que a partir de allí se construye una historia, la versión razonable de lo que efectivamente ocurrió, la verdad procesal. Es fundamental el sentido común y la construcción de conclusiones moderadas, lógicas, coherentes, que brinden una explicación razonable a los hechos acreditados en el sumario.

Sobre la base de todo lo dicho, observo en el dictamen analizado que los acusadores se formulan varias preguntas, ensayan algunas hipótesis, valoran prueba y sacan conclusiones con el fin de fundar las medidas requeridas. Se advierten diversos problemas tanto en los interrogantes que los fiscales se formulan, las teorías del caso que desarrollan, la evidencia que exponen, como así también, en las inferencias que conciben. Respecto de las preguntas, que a modo de duda realizan, debo afirmar que la mayoría ya tienen respuesta en la causa. Entiendo que nacen de una visión vaga, abstracta, poco profundas de los hechos o bien fueron formuladas incorrectamente. Al mismo tiempo, las perplejidades que los impulsan son producto de una sesgada valoración de la evidencia ya recolectada. Los fiscales no analizan muchos otros elementos de prueba que despejarían su estado de sospecha o duda.

De las hipótesis desarrolladas por los acusadores no se reconstruye una teoría del caso coherente, lógico, razonable y completo para esta altura de la investigación. En consecuencia, los elementos probatorios que se pretenden recabar a través de las medidas solicitadas están disociados entre sí, y no se vislumbran pertinentes ni útiles para el avance de la investigación en un sentido eficaz teniendo en cuenta, fundamentalmente, el informe pericial de los restos óseos, como así también otras pruebas de calidad relevantes. La solicitud fiscal implica el tránsito de un camino más largo e incierto, sin que ni siquiera se sepa a qué conclusión se puede llegar. El estado de perplejidad de los fiscales sobre las supuestas conductas sospechosas no parece orientarse a buscar la verdad –qué fue lo que le paso a Facundo en el lugar y momento de su muerte– sino solamente a compeler la responsabilidad policial en el evento. La prueba debe ser presentada, debe ser ofrecida al interior de un relato de una historia que la fiscalía no esboza, se limita a indicar la teoría jurídica –desaparición forzada– con elementos generales y abstractos que no hace coincidir con hechos concretos de la causa, no identifica en el caso qué conductas desplegadas por la policía importaron la realización de los elementos objetivos del tipo penal seleccionado. La prueba debe ordenarse al servicio de la versión para la cual está siendo ofrecida y esto no puede habilitar a inventarla, fabricarla o tergiversarla.

En síntesis, disiento con los acusadores públicos en el valor que le otorgan a la prueba invocada. La presentación no se funda en evidencia sino en suposiciones las que no alcanza para sostener la validez de las medidas que solicitan. Además, el dictamen omite el análisis de muchos otros elementos: testimonios, informes, pericias, etcétera. El resultado de la autopsia es una prueba científica, que ha sido contundente en varios aspectos. Las teorías que avizoran o expresan los titulares de la acción penal pública no se condicen ni se conectan con las conclusiones de la autopsia, ni con el resto de la prueba.

Por todo lo indicado, previo a ordenar medidas que vulneran garantías constitucionales, resulta necesario ahondar en la pesquisa, ampliando informes, pericias, declaraciones, haciendo los estudios sobre el Estuario y la Ría de Bahía Blanca, que les permita a los fiscales desarrollar una teoría del caso que claramente hoy no tienen. Una estrategia que presente de forma armónica lo jurídico, lo probatorio y lo fáctico, que valore toda la prueba aún para refutarla.

Esto no atenta contra la libertad probatoria ni conculca a los acusadores la posibilidad de probar su tesis, sino que es control judicial. Siempre que las medidas se encontraron justificadas el tribunal las otorgó con celeridad.

Se les pide a los acusadores que elaboren una hipótesis alternativa a la contenida en el dictamen, plausible, seria y oportuna. Erigir una línea de reconstrucción del hecho de modo coherente, autosuficiente y sin baches. Contar una historia de modo razonable, ubicar a los actores en tiempo y espacio. Contestar las preguntas: si existe un hecho delictivo, cuál fue, quién es su autor, de qué modo intervino en él, qué motivos tuvo o tuvieron para cometer el hecho, cuál es el plan común, cuál fue el modus operandi. Una hipótesis que además esté avalada por un discurso final integrador.

Debe sostenerse en elementos externos válidos independientes al deseo o pensamiento de las partes y a sus anhelos personales. La teoría debe estar asentada en información que provenga de fuentes legítimas e inobjetables, para que, en caso que corresponda, la persecución sea verdaderamente eficaz. Las conjeturas son las preguntas previas a la teoría jurídica en la investigación incipiente, no es el caso de autos. La evidencia indiciaria solo es válida cuando se une a otra de forma integrada, únicamente de ese modo se llega a razonamientos aptos, asertivos y a la construcción de una historia jurídicamente relevante.

La fiscalía tiene que hacer un esfuerzo mayor para probar los extremos que desliza e invoca. Tiene – también – que elaborar un plan estratégico, agotar la investigación a través de un trabajo a conciencia, porque así como están planteadas las ideas nos alejamos de la búsqueda de la verdad entrando en un mundo de conjeturas que la suscripta no puede validar. Existen otros medios de mejor calidad para comprobar los extremos que faltan.

Así el pedido tiene que ser irremediablemente desechado, no puedo habilitar su producción, ya que puede causar un perjuicio indebido, irreparable y prohibido. Las medidas no se pueden hacer “por las dudas” “para ver qué encontramos”. La libertad de producir prueba no resulta una patente de corso para aventuras o intromisiones en la vida de las personas, sus papeles, sus comunicaciones, su privacidad, ni habilita prácticas de injerencias ilegítimas.

No pueden implicar violación a valores fundamentales, como la intimidad, la propiedad y la libertad. Las reglas procesales privilegian y protegen estos bienes aun por encima del propósito mismo del proceso penal.

La actuación del Ministerio Público Fiscal, más allá del rol que representa, también tiene que ajustarse a estos parámetros: el estado de inocencia, la carga probatoria, los avances sobre los derechos personales y la protección de todas las garantías en la búsqueda de la verdad. El fin no justifica los medios.

Mi rol es también y por sobre todas las cosas defender la Constitución Nacional. Las reglas que fundan la presente decisión no son más ni menos que el núcleo básico el debido proceso y el respeto a los DDHH.

Los DDHH le corresponden a todos los seres humanos sin distinciones. En ese sentido, no escapa al tribunal los abusos policiales cometidos por la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que son muy graves y que deben ser investigados. Las personas involucradas en el pedido fiscal pertenecen a esa fuerza de seguridad, lo que no admite hacer caer sobre ellos todo el desprestigio de la fuerza a la que pertenecen, sólo deben dar cuenta de sus acciones frente a una imputación penal valida, no debemos abrir las puertas a la persecución y la venganza. No pueden ser “chivos expiatorios”.

El reclamo social es entendible. Es fácil para la sociedad creer que haya sido la policía. Pero el juez del caso necesita prueba. Perseguir a esas personas o invadir su intimidad sin pruebas, porque son policías, por su condición, es aplicar el Derecho Penal de Autor. Ser policías no los vuelve delincuentes ni culpables. De este modo se reeditaría una persecución de clase inaceptable en la evolución democrática de nuestro país.

En otras palabras, no se pueden comprometer principios del proceso, en pos de lo que ´el juez cree y dice que es`. El juicio debe ser dirigido de manera equitativa, sin perder de vista los derechos protegidos y las reglas de igualdad, contradicción, confrontación y control en todas las instancias, incluyendo la instrucción.

Por las consideraciones expresadas, analizado que fue el petitorio fiscal, en función de la normativa señalada”.

Mandan a investigar a herrero, el MPF nunca abrió investigación

“Los fiscales -dijo la jueza en otro escrito- ponen énfasis en el hallazgo de un elemento, amuleto con forma de sandía, de propiedad de la víctima, como afirmaron testigos, en el Puesto de Vigilancia de Teniente Origone donde no habría estado. También señalan que la repartición policial tenía asignado un celular del que se borraron registros de comunicaciones, lo cual entienden es una actitud sospechosa.

El testigo J.F.C. – citado por la fiscalía – refirió que “idéntico elemento poseía Jano, hermano de Facundo…quien días posteriores a la aparición del amuleto en el allanamiento… le mostró otro amuleto con idénticas características, el cual habría sido regalado por su abuela.”

Este testigo es el único traído por la fiscalía para acreditar que el amuleto era de Facundo, pero en rigor de verdad no prueba la precedencia del hallazgo, sino – en todo caso – que uno igual tendría Jano. No se presentaron pruebas de la preexistencia del amuleto de Facundo, ni siquiera del de Jano, su hermano, pese a ser solicitadas (fs. …).

Adviértase que el testigo J.F.C. refiere que tomó conocimiento del objeto con posterioridad al registro de la dependencia policial.

La declaración testimonial de Daiana González, su novia, que es la última persona que convivió más tiempo con Facundo, fue suspendida por los directores de la investigación por lo que habría que esperar a que se le exhiba el objeto a ella para saber si lo reconoce como perteneciente a Facundo y si se trasladaba con él a todos lados como refiere la madre.

Independientemente de que se acredite que el amuleto era de Facundo, merece un párrafo aparte el origen del hallazgo que – a esta altura de la investigación – pone en duda su legalidad y por ende su validez.

El Puesto de Vigilancia de Tte. Origone había sido allanado con anterioridad a ese secuestro (fs. ….). En el segundo registro se autorizó el ingreso del perito de parte -Marcos Herrero- con su perro, y la actividad de este perro fue el origen del hallazgo.

Los canes de la fuerza de seguridad no marcaron la bolsa de basura donde se encontró el amuleto pero si lo hizo el perro de Herrero. Sin embargo, la ciencia y la técnica – a través de profusa bibliografía – dan cuenta que los animales entrenados pueden oler rastros humanos durante un cierto período de tiempo.

Ahora que por intermedio de la autopsia se conoce, aproximadamente, la data de la muerte de Facundo, surge de la combinación de ambos datos -la fecha probable de muerte y el lapso que los perros pueden oler a una persona viva o a un cadáver- que al momento del hallazgo del amuleto el perro del perito de parte no tenía aptitud para oler rastros de la víctima.

Por lo expuesto, resulta necesario y también forzoso que el Ministerio Público Fiscal, en cumplimiento de sus deberes y facultades, investigue el accionar del perito, frente a la gravedad de la circunstancia apuntada.

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