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El Senado convirtió en ley la Inocencia Fiscal II con apoyo de aliados

La norma amplía el régimen simplificado de Ganancias, redefine las discrepancias ante ARCA y fija beneficios hasta fines de 2027.

El Senado convirtió en ley este jueves la denominada Inocencia Fiscal II, impulsada por el Gobierno nacional, luego de reunir 44 votos a favor y 23 en contra. La iniciativa contó con el respaldo de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y distintos bloques provinciales, mientras que el peronismo votó en contra.

“Este proyecto trata la confianza. Trata de si vamos a seguir viendo a los contribuyentes como sospechosos de por vida o como lo que realmente son: ciudadanos que trabajan, pagan impuestos y merecen respeto”, sostuvo el senador libertario Bruno Olivera durante el debate.

Desde la oposición, José Mayans explicó el rechazo del peronismo y vinculó la iniciativa con el rumbo económico de la administración de Javier Milei. “Nuestro bloque va a votar en contra porque esta ley se engancha con el programa económico que afecta a los trabajadores, jubilados y pensionados”, señaló.

La nueva normativa introduce modificaciones en el Régimen Simplificado de Ganancias y redefine el concepto de discrepancia significativa utilizado por ARCA para analizar diferencias entre las declaraciones de los contribuyentes y la información disponible en el organismo.

También establece como fecha límite el 31 de diciembre de 2027 para acceder a los beneficios de presunción de exactitud y tapón fiscal previstos por el esquema. La intención oficial es facilitar la incorporación al circuito formal de ahorros actualmente fuera del sistema financiero.

Durante la discusión, el peronismo intentó ampliar las restricciones previstas para funcionarios públicos a sus familiares, pero el oficialismo rechazó introducir modificaciones y el proyecto fue aprobado tal como había llegado de Diputados.

En la misma sesión, el Senado avaló por 44 votos contra 21 el traspaso a la Ciudad de Buenos Aires de la Justicia de Menores y otras competencias penales. El convenio establece que CABA asumirá la investigación y juzgamiento de delitos no federales cometidos por adolescentes de entre 14 y 18 años, además de determinados casos donde existan adultos imputados junto con menores.

Con información de Infobae

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