Zona Fría: el Gobierno reglamentó los cambios en los subsidios al gas

El Gobierno nacional oficializó este lunes una nueva reglamentación del Régimen de Zona Fría, que modifica el funcionamiento de los subsidios al gas natural y establece nuevos mecanismos para financiar los descuentos en las facturas. La decisión quedó formalizada mediante el Decreto 1266/2026, publicado en el Boletín Oficial.

La medida reglamenta los cambios introducidos por la Ley 27.828, sancionada en septiembre y promulgada el pasado 13 de octubre. El objetivo es reorganizar la administración de los recursos, establecer controles sobre las compensaciones y definir las responsabilidades de las empresas que intervienen en el sistema.

En Bahía Blanca y buena parte de la provincia de Buenos Aires, el nuevo esquema tiene especial relevancia, ya que la reforma legislativa eliminó el beneficio automático que había sido extendido a numerosas localidades en 2021. A partir de esa modificación, los hogares deberán estar inscriptos en el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados y cumplir determinados requisitos socioeconómicos para acceder a una bonificación adicional.

Entre las condiciones previstas se encuentran tener ingresos familiares de hasta tres Canastas Básicas Totales, contar con un integrante que posea el Certificado de Vivienda Familiar del ReNaBaP o que perciba una pensión vitalicia como veterano de Malvinas. También se contemplan hogares con personas que tengan Certificado Único de Discapacidad, sujetos a una evaluación sobre la necesidad de asistencia económica.

La normativa mantiene un tratamiento diferenciado para la Patagonia, el departamento mendocino de Malargüe y la región de la Puna, donde continuarán los beneficios históricos. Para las demás zonas alcanzadas, el descuento adicional estará limitado a los consumos base establecidos por el régimen, por lo que no necesariamente abarcará la totalidad del gas utilizado.

En cuanto al financiamiento, el decreto regula el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas, sostenido mediante un recargo de hasta el 7,5% sobre el precio del combustible en el punto de ingreso al sistema de transporte. Las empresas proveedoras recibirán directamente las compensaciones, mientras que las distribuidoras y subdistribuidoras deberán aplicar los descuentos correspondientes en las facturas de los usuarios.

La Secretaría de Energía será la autoridad encargada de supervisar el régimen y determinar las compensaciones, mientras que el Banco Nación continuará administrando el fondo y ARCA fiscalizará la recaudación. El sistema tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2031. La reglamentación no establece un nuevo porcentaje general de descuento ni dispone un aumento tarifario específico, aunque consolida los cambios en el acceso al beneficio que afectan a Bahía Blanca y otras localidades de la región.