Gobierno denuncia penalmente a manifestantes por los incidentes frente al Congreso

El Gobierno nacional presentó una denuncia penal contra los manifestantes involucrados en los incidentes registrados este jueves frente al Congreso, durante la Marcha Federal Universitaria. La medida fue impulsada por el Ministerio de Seguridad, que solicitó investigar las agresiones contra las fuerzas federales y los destrozos ocasionados en la zona.

La presentación contempla posibles delitos de atentado y resistencia a la autoridad, lesiones agravadas y daño agravado. Además, plantea la hipótesis de que los enfrentamientos tuvieron como finalidad obstaculizar la actividad legislativa que estaba prevista para esa jornada.

El escrito fue firmado por los funcionarios Germán Pugnaloni y Lisandro Franco, quienes sostuvieron que algunos de los participantes actuaron con sus rostros cubiertos para evitar ser identificados y utilizaron elementos contundentes contra los efectivos desplegados en el operativo.

En ese sentido, la denuncia señala que los involucrados arrojaron "objetos contundentes y peligrosos" y provocaron lesiones a integrantes de las fuerzas de seguridad.

Uno de los puntos centrales de la presentación es la presunta intención de los manifestantes de "inhibir y/u obturar en forma parcial o plena la actividad legislativa". Por ese motivo, el Ejecutivo pidió que también se investigue la posible comisión de un delito contra el orden constitucional.

Para avanzar con la causa, el Ministerio solicitó incorporar grabaciones de enfrentamientos, registros de cámaras públicas y privadas, informes policiales y documentación médica de los agentes lesionados. El objetivo es identificar a los responsables y establecer las circunstancias en las que se produjeron los hechos.

Los mismos violentos de siempre. Quieren imponer el caos, desafiar a las Fuerzas de Seguridad y convertir las calles en una zona liberada. El derecho a manifestarse no es un permiso para ejercer la violencia. Quienes agredan a nuestros efectivos, destruyan bienes públicos o cometan delitos deberán responder ante la Justicia. En Argentina, nadie está por encima de la ley.

— Alejandra Monteoliva (@AleMonteoliva) October 15, 2026

Por su parte, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, cuestionó a los protagonistas de los disturbios a través de sus redes sociales. "El derecho a manifestarse no es un permiso para ejercer la violencia", expresó, y advirtió que quienes agredan a efectivos o destruyan bienes públicos deberán responder ante la Justicia.

Los incidentes dejaron ocho uniformados heridos: cuatro pertenecientes a Gendarmería Nacional, dos a Prefectura Naval y otros dos a la Policía Federal. Todos resultaron lesionados durante los enfrentamientos con grupos que se desprendieron de la movilización principal.

En cuanto a las detenciones, los primeros reportes oficiales mencionaron al menos 25 arrestos. Posteriormente, se informó que Gendarmería había detenido a unas 31 personas, mientras que la Policía de la Ciudad concretó otros seis procedimientos.

Entre los involucrados también se encuentra un adolescente de 14 años, aprehendido en la intersección de Montevideo y Bartolomé Mitre cuando, según la información policial, arrojaba piedras contra un patrullero.

Por otra parte, el Gobierno porteño estimó de manera preliminar que los destrozos ocasionados durante la protesta ascienden a $90 millones. Los daños incluyen roturas de veredas, canteros, mobiliario urbano y espacios verdes de la Plaza de los Congresos.

La investigación deberá determinar las responsabilidades individuales de los manifestantes denunciados y establecer si existen elementos suficientes para avanzar con las imputaciones solicitadas por el Gobierno.