Disturbios en Congreso: denuncia oficial y rechazo universitario de la violencia

El Gobierno nacional denunció penalmente a los manifestantes detenidos por los incidentes registrados frente al Congreso durante la quinta Marcha Federal Universitaria, mientras que la Universidad de Buenos Aires se desligó de los hechos de violencia y reclamó que se cumpla la Ley de Financiamiento Universitario.

La presentación, impulsada por el Ministerio de Seguridad, contempla los delitos de resistencia y atentado a la autoridad, atentado al orden constitucional y daño agravado. Según la cartera, algunos involucrados actuaron con los rostros cubiertos, dañaron bienes públicos para obtener objetos contundentes y luego los arrojaron contra efectivos desplegados en la zona.

El Gobierno también sostuvo que los disturbios buscaron “inhibir y/u obturar en forma parcial o plena la actividad legislativa”, ya que ocurrieron mientras el Congreso se encontraba convocado. En paralelo, comenzó a recopilar imágenes para identificar a los responsables y sumarlas como prueba al expediente.

La jornada dejó decenas de detenidos y ocho integrantes de las fuerzas de seguridad heridos: cuatro gendarmes, dos prefectos y dos policías federales. Además, el Gobierno porteño estimó en $90 millones los daños provocados en veredas, canteros, espacios verdes y mobiliario urbano de la Plaza de los Congresos y sus alrededores.

Tras los episodios, el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, rechazó que se vincule a la comunidad universitaria con los grupos que protagonizaron los enfrentamientos. “Los violentos no son parte del sistema universitario, son una minoría y la policía debería poder identificarlos”, afirmó.

Yacobitti aseguró que la movilización se desarrolló de manera pacífica hasta el tramo final, cuando un grupo reducido protagonizó los incidentes. También cuestionó el operativo y pidió individualizar a quienes arrojaron piedras para que respondan ante la Justicia.

“Lo que no puede pasar es que alguien diga que los universitarios son violentos”, señaló el dirigente, quien además replicó a la ministra Alejandra Monteoliva y reclamó al Ejecutivo cumplir la norma aprobada por el Congreso.

Así, mientras Seguridad busca avanzar judicialmente contra los responsables de los disturbios, la conducción de la UBA procura separar esos hechos del reclamo universitario y mantener el foco en la disputa por el financiamiento de las casas de estudio.

Con información de Infobae