El Gobierno apelará para no cumplir con el pago a las universidades nacionales

El Gobierno apelará en los próximos días el fallo que ordenó aplicar la Ley de Financiamiento Universitario y declaró inconstitucional el decreto que condicionaba su ejecución. La Procuración del Tesoro, encabezada por Sebastián Amerio, prepara la estrategia judicial y evalúa otras alternativas para evitar el desembolso inmediato de los recursos.

La resolución del juez federal Martín Cormick respondió a los amparos del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad de Buenos Aires. Contempla fondos para salarios, becas, investigación, funcionamiento y hospitales universitarios, y exige adoptar las medidas necesarias para cumplir con los aumentos previstos.

El magistrado cuestionó el Decreto 759/2025, que promulgó la norma, pero supeditó su aplicación a que el Congreso identificara las fuentes de financiamiento e incorporara las partidas al Presupuesto. Consideró que esa condición equivalía a un nuevo veto, después de que ambas cámaras rechazaran el dispuesto por Javier Milei.

En la Casa Rosada sostienen que existen herramientas para discutir la sentencia. “Estamos viendo qué hacemos. Aún no está todo perdido”, señaló una fuente de la Procuración del Tesoro.

Desde el entorno de Sandra Pettovello descartaron una negociación política con las instituciones educativas. “No vamos a tener ninguna reunión con las universidades, vamos a apelar”, afirmó un integrante del círculo cercano de la ministra de Capital Humano.

El Ejecutivo argumentó en el expediente que cumplir la ley demandaría más de un billón de pesos y comprometería el equilibrio fiscal. Además, sostiene que corresponde al Parlamento definir cómo afrontar ese gasto y modificar, si fuera necesario, el proyecto de Presupuesto 2027.

Cormick rechazó esa interpretación: señaló que la norma permite reasignar partidas y utilizar mayores ingresos de la recaudación. También recordó que el Gobierno había modificado el Presupuesto mediante decretos y decisiones administrativas durante 2025.

Mientras las universidades convocaron a una marcha federal para el 15 de octubre, el conflicto suma presión a las negociaciones presupuestarias y a la agenda legislativa del oficialismo.

“Vamos a sostener el reclamo hasta el final, como hicimos con la cautelar que conseguimos antes de este fallo”, advirtió una autoridad del CIN, que anticipó la continuidad del reclamo ante la resistencia oficial.

Con información de Infobae