El oficialismo acelera el debate del proyecto de Defensa de la Soberanía y busca dictamen en octubre

El oficialismo decidió acelerar en la Cámara de Diputados el tratamiento del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, enviado por el Poder Ejecutivo luego de la cadena nacional de Javier Milei vinculada a Malvinas. El primer plenario de comisiones fue convocado para el miércoles 30 de septiembre, mientras La Libertad Avanza apunta a tener un dictamen apenas una semana después.

La iniciativa será analizada conjuntamente por las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto, encabezadas por Carlos Zapata, Laura Rodríguez Machado y Juliana Santillán. Para la primera reunión está prevista la presencia de funcionarios de Cancillería, Defensa y Justicia, quienes deberán explicar los principales alcances del texto ante los diputados.

El cronograma que maneja el oficialismo es ajustado. Luego de ese encuentro informativo, el plenario volvería a reunirse el 6 de octubre con la intención de avanzar con las firmas. Si reúne los respaldos necesarios, el proyecto podría quedar en condiciones de llegar al recinto durante una sesión prevista para los días siguientes.

El texto tiene 133 artículos y no se limita a la situación de las Islas Malvinas. Entre otros puntos, plantea un nuevo régimen de sanciones para quienes exploten recursos naturales sin autorización argentina y crea un Consejo de Seguridad Nacional encabezado por el Presidente e integrado por funcionarios del Gabinete y del área de Inteligencia.

Ahí aparece, justamente, uno de los grandes focos de discusión. Distintos bloques opositores cuestionaron las atribuciones previstas para el Poder Ejecutivo y algunos cambios en materia penal. Entre los artículos bajo la lupa se encuentra el 111, que propone incorporar al Código Penal penas de 5 a 12 años de prisión para determinadas conductas vinculadas con interferencia extranjera en procesos electorales, campañas coordinadas de desinformación y actos de violencia o sabotaje.

El diputado Pablo Juliano fue uno de los dirigentes que expresó reparos y sostuvo que la norma podría transformarse en una herramienta demasiado amplia para perseguir penalmente a quienes sean acusados de intentar desestabilizar al Gobierno. Otros legisladores opositores también plantearon objeciones respecto del alcance del nuevo esquema de seguridad y de las facultades que conservaría el Ejecutivo.

Con ese escenario, octubre asoma como un mes clave para la iniciativa. El oficialismo buscará acelerar las negociaciones para conseguir las firmas necesarias, mientras la oposición anticipa una discusión artículo por artículo sobre un proyecto que nació bajo el paraguas de la defensa de la soberanía sobre Malvinas, pero que introduce cambios mucho más amplios en seguridad, inteligencia y legislación penal.

Con información de Los Andes