El Gobierno envió al Congreso la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional por Malvinas

El Gobierno de Javier Milei envió al Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa que endurece las sanciones contra empresas y personas vinculadas a la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas sin autorización argentina.

El texto ingresó a la Cámara de Diputados durante las primeras horas de este jueves y forma parte del paquete de medidas que el Presidente había anunciado el pasado 3 de septiembre, a raíz del avance del proyecto petrolero Sea Lion.

La iniciativa propone reemplazar el régimen establecido por la Ley 26.659, vigente desde 2011, y ampliar considerablemente su alcance. Mientras la legislación actual está centrada en la actividad hidrocarburífera, el nuevo esquema pretende abarcar cualquier aprovechamiento no autorizado de recursos naturales, tanto renovables como no renovables.

El régimen alcanzaría a las actividades desarrolladas en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, además de sus espacios marítimos e insulares circundantes y la Plataforma Continental Argentina, dentro de las áreas comprendidas por el reclamo de soberanía nacional.

Entre las sanciones previstas aparecen multas equivalentes a entre 4.000 y 500.000 barriles de petróleo, la suspensión o cancelación de permisos y la inhabilitación para operar en el país durante períodos que podrían ir de cinco a 20 años.

Las penas serían todavía más severas para las actividades vinculadas con hidrocarburos. La exploración o explotación de recursos no renovables sin autorización podría recibir condenas de 12 a 20 años de prisión, mientras que la extracción, transporte o almacenamiento de hidrocarburos tendría penas de entre 15 y 20 años y multas que podrían alcanzar el equivalente a 3 millones de barriles de petróleo.

El proyecto también extiende las responsabilidades a los proveedores que suministren bienes o servicios esenciales para esas operaciones y conozcan su destino. Para esos casos se contemplan penas de entre cinco y siete años.

En el caso de las empresas involucradas, las consecuencias podrían incluir la pérdida de habilitaciones, la suspensión de actividades por hasta 30 años, la imposibilidad de contratar con el Estado y, bajo determinadas circunstancias, hasta su disolución o liquidación.

Otro de los puntos centrales es la creación de un Sistema de Seguridad Nacional, cuyo órgano rector será el Consejo de Seguridad Nacional. Estará encabezado por el Presidente e integrado, entre otros funcionarios, por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía y las autoridades de Inteligencia.

Ese organismo tendrá como objetivo diseñar una política de seguridad nacional de aplicación transversal y coordinar las herramientas diplomáticas, económicas, jurídicas, de defensa e inteligencia.

Además, la propuesta establece un régimen de protección de infraestructuras críticas y un marco específico para la protección aeroespacial y marítima. Estas medidas ya habían sido anticipadas por la Casa Rosada cuando Milei anunció la iniciativa a comienzos de septiembre.

El texto también contempla modificaciones a normas vinculadas con la Defensa Nacional y mecanismos para responder ante amenazas externas, además de disposiciones relacionadas con inteligencia extranjera y seguridad.

El Gobierno había justificado el envío del proyecto por el avance de Sea Lion, la iniciativa para explotar hidrocarburos al norte de las Malvinas. En su anuncio del 3 de septiembre, la Casa Rosada sostuvo que el Estado utilizará herramientas “diplomáticas, económicas, judiciales y legales” frente a actividades que considere contrarias a su reclamo de soberanía.

Ahora la iniciativa deberá comenzar su recorrido por las comisiones de la Cámara de Diputados antes de poder ser llevada al recinto.