Cómo es el sistema solidario que ya financió más de 4.500 mejoras habitacionales en Bahía

Un sistema de microcréditos que funciona desde hace 25 años en Bahía Blanca permitió atender más de 4.500 demandas de mejoramiento habitacional y extendió su cobertura a alrededor de 42 barrios de la ciudad, principalmente entre familias que encuentran dificultades para acceder al financiamiento bancario tradicional.

Se trata de los Fondos Rotativos Solidarios (FRS), administrados actualmente por Cáritas Arquidiocesana y la Asociación Civil Ser Comunidad, en articulación con la Municipalidad. Un reciente trabajo elaborado desde la Universidad Nacional del Sur y el CONICET analizó su funcionamiento, alcance e impacto económico y social.

Francisco Cantamutto, economista, docente de la UNS e investigador del CONICET y uno de los autores del informe, explicó en diálogo con el programa "Nunca es Tarde", por La Brújula 24, que el mecanismo nació en 2001 y logró sostenerse de manera ininterrumpida. “Una gran mayoría de la población no sabe de su existencia y entonces nos pareció importante tratar de estudiar y poner en valor ese trabajo que se venía haciendo de manera mancomunada, día a día, silenciosamente”, sostuvo.

Los fondos comenzaron con presencia en una decena de barrios y actualmente alcanzan aproximadamente a 42. El programa fue institucionalizado por una ordenanza municipal en 2011 y recibió una actualización normativa en 2024, cuando también se conformó una mesa coordinadora integrada por el Municipio y las organizaciones que lo ejecutan.

El funcionamiento se diferencia de un préstamo convencional. El dinero se destina exclusivamente a materiales para ampliar, completar o reparar una vivienda y el beneficiario no recibe efectivo: presenta un presupuesto de un corralón, el fondo paga al comercio y los materiales son enviados al domicilio. “Se le presta para una mejora concreta, no en abstracto. Necesito arreglar el baño por tal razón, se me llueve el techo, necesito hacer una ampliación. Esos son usos muy comunes de los fondos rotativos”, detalló Cantamutto.

Las reparaciones de techos, construcción o terminación de baños y cocinas, ampliaciones y divisiones internas aparecen entre los principales destinos. El mecanismo también adquirió relevancia ante los daños provocados por los temporales y la inundación, especialmente para reparar humedades, pisos y estructuras afectadas.

Precisamente, Cerri fue una de las incorporaciones más recientes al esquema a raíz de las consecuencias que dejaron los fenómenos meteorológicos que golpearon a la localidad. El investigador destacó que ese nodo permitió atender gran parte de las necesidades surgidas después de la inundación. “Esto no es la solución mágica, pero sí ha aportado y ayudado a ir saliendo del tránsito de lo que nos dejó la inundación”, señaló.

Uno de los aspectos centrales es que no se exige una garantía patrimonial. El acceso se sostiene en el conocimiento territorial de las organizaciones, la capacidad de pago y, fundamentalmente, el cumplimiento de los compromisos asumidos. “Funciona bajo la lógica del compromiso. Las promotoras barriales, que son en su casi totalidad mujeres, conocen a los vecinos, saben de las necesidades y también del compromiso de esa gente”, explicó Cantamutto.

El esquema comienza con préstamos pequeños y los montos aumentan a medida que la familia cancela los anteriores. Al momento de realizarse el estudio, el primer tramo equivalía a 15 bolsas de cemento, unos $250.000; el segundo a 30 bolsas, alrededor de $500.000; y el tercero a 45, unos $750.000. Los planes suelen acordarse en 6, 9, 12 o 15 cuotas.

El cumplimiento permite volver a solicitar el financiamiento. El informe detectó incluso familias que accedieron a más de una decena de créditos sucesivos para avanzar progresivamente sobre sus viviendas. “Hay hogares que han pedido muchas veces este microcrédito, siempre devolviéndolo”, remarcó el economista. Y explicó que existe una dimensión comunitaria detrás del repago: “Saben que si yo no devuelvo, hay otro vecino que por ahí lo está necesitando y no va a poder tenerlo porque yo no devolví lo que tenía que devolver”.

Según remarca el estudio, hasta fines de 2025 los fondos habían atendido 4.544 demandas habitacionales, tres veces más que una década atrás. Desde 2012, la cantidad acumulada de soluciones financiadas tuvo un crecimiento promedio anual del 16%, mientras que desde la pospandemia las asignaciones aumentaron alrededor de un 8% por año.

La tasa de interés también marca una diferencia respecto del mercado financiero. Al momento del relevamiento se ubicaba cerca del 30% anual, frente a tasas de préstamos personales bancarios que oscilaban entre 53% y 130%. El informe también detectó ofertas de billeteras virtuales considerablemente superiores y casos extremos por encima del 1.000% anual. “Hay gente que no tiene una propiedad que pueda poner de garantía o no tiene un recibo de sueldo porque no tiene un trabajo formal, aunque trabaje y se deslome día a día”, planteó Cantamutto al explicar por qué ese sector termina recurriendo con frecuencia a formas de financiamiento más costosas.

El estudio también midió qué ocurre con el dinero público que ingresa al programa. Entre 2018 y 2023, el 72% de los recursos prestados surgió de propios recuperos y de las organizaciones, mientras que el Municipio aportó el 28% restante. En los años siguientes el gobierno local incrementó significativamente su participación.

El carácter rotativo permite que el mismo recurso sea utilizado más de una vez: cuando una familia devuelve las cuotas, el dinero vuelve al fondo y puede financiar la obra de otro hogar. Según el informe, durante el período pospandemia cada peso aportado por la Municipalidad generó un impacto equivalente a $3,72 en créditos para mejoras habitacionales. “Los fondos que el Estado les provee a las organizaciones impactan no una vez, sino varias. El hogar recibe los materiales, mejora su espacio habitacional, lo devuelve y otras familias lo pueden usar. Genera un efecto muy amplio de la política pública”, explicó Cantamutto.

Además del efecto sobre viviendas, el investigador destacó que el circuito moviliza recursos dentro de la propia ciudad, ya que las compras se realizan en corralones locales y las obras pueden generar contratación de mano de obra. “Es una política que se ha sostenido a lo largo del tiempo involucrando a la comunidad, a organizaciones sociales y al Municipio, y que ha demostrado ser muy efectiva”, resumió Cantamutto.

Para quienes quieran consultar por el acceso al programa, las organizaciones responsables son Cáritas y Ser Comunidad, que articulan el funcionamiento de los nodos distribuidos en los barrios de Bahía Blanca.