La Corte dejó firme la cautelar que obliga al Estado a aplicar la ley de financiamiento universitario

La Corte Suprema de Justicia dejó firme la medida cautelar que obliga al Estado nacional a aplicar parcialmente la Ley de Financiamiento Universitario, al rechazar el recurso presentado por el Gobierno por no existir una sentencia definitiva. La decisión mantiene vigente, por ahora, la orden judicial que exige avanzar con la actualización de haberes docentes y no docentes, además de recomponer programas para estudiantes.

El fallo fue firmado por los tres integrantes del máximo tribunal: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. La resolución no implica una definición sobre el fondo del planteo, sino que rechaza la apelación oficial contra la cautelar dictada en instancias anteriores.

La causa se inició a partir de un amparo colectivo impulsado por representantes del Consejo Interuniversitario Nacional y distintas universidades nacionales. El reclamo apunta contra el decreto 759/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo condicionó la aplicación de la ley 27.795 a la determinación previa de fuentes específicas de financiamiento.

La medida vigente alcanza a los artículos 5 y 6 de la norma, vinculados con la recomposición salarial del personal docente y no docente de las universidades públicas desde el 1 de diciembre de 2023, y con la actualización de programas destinados al estudiantado. En cambio, no incluye la totalidad de los puntos previstos por la ley, como la recomposición presupuestaria de 2024 y 2025.

En la instancia previa, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal había considerado que el Estado no logró desvirtuar la verosimilitud del derecho invocado por las universidades. También había señalado que el Congreso insistió en la sanción de la ley tras el veto presidencial y que el Ejecutivo no podía suspender su cumplimiento mediante una norma de jerarquía inferior.

Con esta decisión, tal como señala Infobae, la Corte cerró por ahora la vía del recurso extraordinario contra la cautelar y dejó en pie la obligación de cumplir esos puntos de la Ley de Financiamiento Universitario. El debate de fondo, referido a la constitucionalidad del decreto que condicionó su aplicación, continuará tramitando en la Justicia.