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El Gobierno adjudicó la Hidrovía a Jan de Nul, en la mayor privatización de la era Milei
La concesión quedó en manos del consorcio por 25 años y abarca la principal vía navegable del comercio exterior argentino.
El Gobierno nacional adjudicó la concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay al consorcio integrado por la belga Jan De Nul y la argentina Servimagnus, en una operación considerada la mayor privatización de la gestión de Javier Milei. La decisión fue formalizada por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación y alcanza a una infraestructura clave para las exportaciones del país.
La medida fue oficializada a través de la Resolución 2026-36-APN-ANPYN#MEC, luego de la finalización del proceso de evaluación de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 1/2025. Según informó el Ministerio de Economía, el contrato prevé una reducción del 13,5% en los costos logísticos y busca modernizar la principal vía navegable troncal.
La Hidrovía Paraná-Paraguay es estratégica para la Argentina, ya que por ese corredor circula cerca del 80% del comercio exterior del país, especialmente vinculado al complejo agroindustrial. La concesión incluye tareas de dragado, mantenimiento, señalización y operación de la vía navegable.
El contrato tendrá una duración de 25 años, con posibilidad de extensión, y deberá firmarse en un plazo máximo de 30 días. Desde el Gobierno señalaron que el nuevo esquema permitirá avanzar con obras de profundización, mejoras tecnológicas para la seguridad de la navegación y herramientas orientadas al control del narcotráfico.
Jan De Nul ya venía vinculada a la operación de la Hidrovía desde hace décadas. En esta licitación compitió contra la también belga DEME, mientras que la brasileña DTA Engenharia quedó descalificada por no presentar la garantía de mantenimiento de oferta exigida.
Durante la evaluación, Jan De Nul-Servimagnus obtuvo una ventaja decisiva en el puntaje técnico. En la instancia económica, las ofertas de Jan De Nul y DEME habían presentado tarifas idénticas, por lo que la definición quedó atada al análisis técnico previo.
El proceso estuvo atravesado por cuestionamientos políticos y denuncias de irregularidades. Sectores de la oposición habían pedido suspender la licitación y organismos del Ministerio Público habían advertido sobre observaciones en distintas etapas del procedimiento.
Pese a esas objeciones, tal como publica Clarín, el Ejecutivo avanzó con la adjudicación y dio por cerrado un proceso que considera central para reducir costos logísticos, mejorar la competitividad exportadora y profundizar su programa de participación privada en áreas estratégicas.
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