El recorrido que hicieron los presuntos secuestradores

La investigación por el presunto secuestro extorsivo denunciado por el empresario Alejandro Peña suma nuevos detalles sobre cómo se habría desarrollado el hecho, que es analizado por la Justicia Federal.

Según pudo reconstruir La Brújula 24, Peña denunció que fue citado en la estación de servicio Axion ubicada en el predio del supermercado Chango Más, donde una mujer lo habría guiado hasta una vivienda del barrio Altos del Vanoli. En ese lugar, siempre de acuerdo a su relato, se habría iniciado la privación ilegal de la libertad.

La víctima sostuvo que fue interceptado mediante una maniobra en la que otro vehículo le bloqueó la puerta del conductor, y que luego descendió Diego Canoni —quien está señalado como principal acusado— junto a otras personas que lo intimidaron, dando inicio al presunto secuestro.

A partir de allí, Peña relató que fue trasladado por distintos puntos de la ciudad —Hugo Acuña, Cabrera, Sarmiento, Estomba, Colón y Tucumán— en un recorrido destinado a reunir el dinero exigido. Durante ese trayecto, afirmó que era presionado con amenazas constantes, entre ellas la frase: “No hagas ninguna pelotudez”.

De acuerdo a la denuncia, los captores le reclamaron el pago de 50 millones de pesos, pero finalmente habría logrado entregar unos 10 mil dólares. Además, trascendió que existiría documentación vinculada a esa entrega, como un recibo y un formulario 08 de un vehículo.

Uno de los elementos que refuerzan la investigación es el análisis de las cámaras del Centro Único de Monitoreo, que coincidirían con el recorrido descripto por Peña. A esto se suman los entrecruzamientos telefónicos, que resultaron clave para ordenar los allanamientos realizados por Prefectura Naval.

El caso presenta además un trasfondo de conflicto previo entre las partes. Canoni, quien habría sido locatario de un inmueble de Peña, le atribuiría responsabilidad por robos sufridos en esa propiedad, lo que podría haber motivado el reclamo económico.

Tal como informó este medio, la causa está en manos del juez federal Walter López Da Silva, quien busca determinar si se trató efectivamente de un secuestro extorsivo o de un conflicto entre partes que escaló hacia conductas delictivas más graves, en un expediente que continúa bajo reserva.