Secuestro extorsivo: la víctima denunció que le exigieron 50 millones de pesos

La Justicia Federal avanza en la investigación de un presunto secuestro extorsivo que tuvo como víctima al empresario Alejandro Peña, quien denunció haber sido privado de su libertad y obligado a entregar dinero tras ser engañado y citado en una estación de servicio ubicada en la avenida Cabrera.

Según pudo reconstruir La Brújula 24, el hecho se habría iniciado cuando Peña fue convocado al lugar y, a partir de allí, comenzó una secuencia en la que habría sido retenido por varias personas. De acuerdo a su relato, los captores lo trasladaron primero a una vivienda cercana al arroyo Napostá y luego lo llevaron por distintos puntos de la ciudad con el objetivo de reunir el dinero exigido.

Siempre según la denuncia, el grupo le habría reclamado el pago de 50 millones de pesos, aunque finalmente la víctima alcanzó a entregar unos 10 mil dólares, además de realizar algunas transferencias. La maniobra, en principio, habría estado orientada a “cobrar” una supuesta deuda.

En ese marco, el principal señalado en la causa es Diego Canoni, quien habría mantenido un vínculo previo con la víctima como locatario de un inmueble. De acuerdo a esa línea, Canoni habría sufrido robos y amenazas en esa propiedad y le habría atribuido responsabilidad a Peña, lo que derivó en el conflicto.

El caso es analizado por el juez federal Walter López Da Silva, quien intenta determinar si se trata efectivamente de un secuestro extorsivo o de un conflicto entre partes que escaló hacia una conducta delictiva, así como también delimitar las responsabilidades penales de los involucrados.

El segundo procedimiento fue en el sector conocido como Altos de Vanoli.

Uno de los elementos clave de la investigación es el material aportado por el Centro Único de Monitoreo, cuyas cámaras habrían registrado el recorrido que describió la víctima. Según trascendió, las imágenes coinciden con el trayecto que Peña denunció haber realizado mientras se encontraba privado de su libertad.

Además, los entrecruzamientos telefónicos también resultaron determinantes para ordenar los allanamientos que en las últimas horas llevó adelante personal de Prefectura Naval, entre ellos uno en la calle Salliqueló al 400.

Por estas horas, la causa se mantiene bajo reserva y no se descartan nuevas medidas a medida que avance la investigación de un caso que combina elementos de un presunto secuestro extorsivo con un trasfondo de conflicto previo entre las partes.