Fate advirtió que no puede garantizar la seguridad del material radioactivo de su planta

El conflicto en la planta de Fate, ubicada en San Fernando, sumó un nuevo capítulo luego de que la Justicia revocara la orden de desalojo del establecimiento ocupado por trabajadores. En ese contexto, el presidente de la empresa, Javier Madanes Quintanilla, advirtió que no pueden garantizar las condiciones de seguridad radiológica y física dentro del predio, donde funciona un acelerador lineal de electrones de uso industrial.

La advertencia fue presentada mediante una carta enviada a la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) el martes por la noche. En el documento, la compañía informó que en la planta se encuentra “un equipo acelerador lineal de electrones de 500 KeV - 100mA para uso industrial” y alertó sobre el potencial riesgo derivado de la imposibilidad de acceder al predio.

Según indicó la empresa, en su condición de licenciataria es responsable de “la seguridad radiológica y física” y del “uso de los materiales radiactivos y radiaciones ionizantes autorizados”. Sin embargo, sostuvieron que actualmente no pueden cumplir con esas obligaciones debido a que la “planta industrial se encuentra usurpada”.

“Ponemos en vuestro conocimiento que no podemos garantizar las condiciones de seguridad ni la diligencia debida necesaria e impuesta por el régimen aplicable con relación al equipo cuya licencia nos ha sido otorgada”, señalaron en la nota dirigida al organismo regulador.

La comunicación fue enviada horas después de que la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro resolviera revocar el desalojo de los trabajadores y representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), que mantienen ocupada la fábrica desde el 19 de febrero.

El tribunal, integrado por los jueces Juan Stepaniuc, Luis Cayuela y Leonardo Pitlevnik, consideró que la medida forma parte del ejercicio del derecho a huelga. En su resolución, los magistrados señalaron que “la huelga, como expresión más pura del reclamo, se encuentra reconocida como derecho en el artículo 14 bis de la CN y se trata de un medio de acción directa, de carácter colectivo, destinada a preservar o conquistar derechos o intereses de los trabajadores”.

De este modo, la Cámara dejó sin efecto un fallo de primera instancia que ordenaba el desalojo del predio, donde los operarios permanecen con el objetivo de evitar el cierre de la planta.

Durante la misma jornada, la empresa también recibió otro revés por parte del Gobierno nacional. El Ministerio de Capital Humano confirmó el inicio de un sumario contra Fate por no haber abonado los salarios correspondientes a la segunda quincena de febrero durante la etapa de conciliación obligatoria.

Los trabajadores y SUTNA mantienen la ocupación de la fábrica para evitar el cierre (RSFotos)

“El incumplimiento de pago de los salarios correspondientes a la segunda quincena de febrero constituye una violación de la conciliación obligatoria dictada oportunamente”, indicaron desde la cartera nacional. Además, se resolvió extender la conciliación por cinco días más, por lo que el plazo que vencía el 11 de marzo se extenderá hasta el 16.

La sanción económica será calculada de acuerdo con el régimen general de sanciones por infracciones laborales, que prevé multas de entre el 50% y el 2000% del salario mínimo, vital y móvil por cada trabajador afectado.

Desde la empresa señalaron previamente que no se habían abonado los sueldos debido a que la planta permanece tomada por el gremio y que el pago del salario está vinculado a la prestación efectiva del trabajo. También indicaron que habían ofrecido adelantos que no fueron aceptados por los trabajadores.

Antes del anuncio de la multa, fuentes de la compañía habían señalado que el conflicto “tiene que resolverlo el Gobierno porque no están trabajando y, por otra parte, la empresa ya había dispuesto el cierre”.

Tal como señala Infobae, de los 920 empleados que tenía Fate antes de anunciar el cierre de la planta, alrededor de 380 aún no aceptaron los acuerdos de salida. Según indicaron desde la empresa, las indemnizaciones se están pagando bajo el régimen anterior a la reforma laboral, que resulta más favorable para los trabajadores, mientras continúan las negociaciones individuales para intentar cerrar el conflicto.