CFK pidió que excluyan a Máximo y Florencia en el decomiso de bienes

La Cámara Federal de Casación Penal deberá definir si avanza el decomiso de 19 bienes que hoy figuran a nombre de Máximo y Florencia Kirchner, en el marco de la condena contra Cristina Fernández de Kirchner por la causa Vialidad y el reclamo por un perjuicio al Estado estimado en casi 684 mil millones de pesos.

La pelea judicial por el patrimonio de la familia Kirchner ingresó en una fase decisiva. La Cámara Federal de Casación Penal analizará si confirma o revoca la orden de decomisar 19 bienes que actualmente están a nombre de Máximo y Florencia Kirchner, pero que la Justicia pretende ejecutar como parte de la condena impuesta a Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad. La decisión se conocerá luego de que el Tribunal Oral Federal 2 concediera los recursos de apelación y elevara el expediente al máximo tribunal penal.

El TOF 2, que condenó a la expresidenta a seis años de prisión por administración fraudulenta, ratificó que el monto del perjuicio al Estado, actualizado a casi 684.000 millones de pesos, se encuentra firme y en plena etapa de ejecución. No obstante, los jueces aceptaron que una instancia superior revise la legalidad de avanzar sobre bienes que hoy pertenecen a los hijos de la exmandataria, quienes no fueron imputados en el expediente de la obra pública, pero recibieron esas propiedades mediante cesiones y sucesiones.

La defensa de Cristina Kirchner, a cargo de Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, cuestionó la medida dictada el 18 de noviembre al considerar que contradice fallos anteriores y configura un “avasallamiento” de la Convención Interamericana contra la Corrupción. Según plantearon, se está aplicando un régimen de sanción que excede los límites legales al afectar bienes que ya no pertenecen a la condenada, en presunta violación de tratados internacionales.

En paralelo, el apoderado legal de Máximo y Florencia Kirchner, Luis Goldin, planteó la inconstitucionalidad de la medida al denunciar “arbitrariedad y lesión del derecho de propiedad”. Sostuvo que el tribunal estaría extendiendo de manera indebida el decomiso a bienes de origen lícito y de terceros ajenos al delito, vulnerando el principio de inocencia y el debido proceso.

El tribunal oral reconoció que la discusión de fondo gira en torno a la aplicación de un modelo de decomiso amplio y por valor equivalente. En ese sentido, los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso entendieron que es válido revisar si la sanción puede proyectarse sobre activos que, aunque vinculados temporalmente a la maniobra investigada, hoy pertenecen a personas que no fueron parte del juicio y cuentan con títulos de cesión regularmente acreditados.

La definición quedó ahora en manos de la Sala IV de Casación, integrada por Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña. Mientras tanto, las defensas anticiparon que, en caso de un fallo adverso, recurrirán a la Corte Suprema de Justicia e incluso a organismos internacionales para frenar la ejecución de los bienes.

Tal como señala Perfil, el objetivo del decomiso es cubrir el daño económico que, según la acusación, fue generado por la corrupción en la obra pública de Santa Cruz. La medida también alcanza bienes del empresario Lázaro Báez y de sus empresas, tras un pedido de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola. Los inmuebles en disputa están ubicados principalmente en Río Gallegos y El Calafate y permanecerán inscriptos de manera preventiva en el registro de bienes secuestrados y decomisados hasta que exista una definición judicial firme.