El Gobierno evalúa hacer una denuncia penal por los audios filtrados de Karina Milei

El Gobierno evalúa presentar una denuncia ante la Justicia por la filtración de audios de Karina Milei. El Ejecutivo quiere que se investigue el trasfondo y está estudiando bajo qué figura legal puede avanzar. "Lo que nos interesa es que se investigue cómo se consiguieron los audios. Esto es un escándalo de inteligencia nacional y es un delito", expresan en el oficialismo.

La posible presentación judicial fue uno de los puntos centrales de una reunión de urgencia en las oficinas de Santiago Caputo. Allí estuvieron presentes el vocero presidencial Manuel Adorni, el viceministro de Justicia Sebastián Amerio, el apoderado de La Libertad Avanza Santiago Viola, la exsecretaria de Comunicación Belén Stettler, el consultor Manuel Vidal y un abogado con vínculos en los organismos de inteligencia.

La única definición concreta hasta el momento fue la postura oficial expresada en redes por el el secretario de Medios: "Si los audios son verdaderos, estamos ante un escándalo sin precedentes. Sería la primera vez en la historia argentina que se graba a un funcionario dentro de la Casa Rosada".

El Ejecutivo sostiene que la filtración constituye una "violación a la seguridad nacional". Además, evalúa reforzar los controles de Casa Militar antes de cada encuentro en Balcarce 50, ya que, según admiten, "cualquier jefe de Estado que pasó por el despacho ahora puede pensar que fue grabado".

Cerca de Karina Milei aseguran que la secretaria general de la Presidencia se mantiene "tranquila" y sugieren que la grabación podría haberse producido fuera de la Casa Rosada, en viajes al interior o en actividades partidarias. "Ella duerme en hoteles y desayuna en bares; puede haber pasado en cualquier lado", deslizan.

El objetivo inmediato de Nación es determinar en qué reunión se efectuó la grabación y quiénes estuvieron presentes. Algunos funcionarios sospechan que detrás hay maniobras de presión política: "Que pongan los 50 minutos de la reunión, no van a encontrar nada sensible", remarcan.

Por ahora, el Gobierno descarta medidas a través del ENACOM para bloquear la difusión de audios en medios, aunque avisa que, si avanza judicialmente, lo hará "contra todos los actores involucrados", desde las plataformas hasta los periodistas que difundieron el material.

Con información de TN