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El Gobierno se comprometió a seguir con el recorte de subsidios para cumplir con el FMI
Es parte central del déficit cero. Apuntan a que para 2030, el gasto en asistencia a las tarifas de luz y gas sea 80% menor al actual.
El Gobierno prometió al Fondo Monetario Internacional (FMI) reforzar las políticas de ajuste sobre el gasto público. Y como pilar para garantizar el déficit cero, los subsidios a la energía tienen un rol central.
En el staff report de la primera revisión del acuerdo, en el que el Fondo le perdonó al Gobierno no haber cumplido con la meta de reservas y flexibilizó los plazos de las auditorías, el Ejecutivo reforzó su plan para que las partidas destinadas a los subsidios a la energía caigan algo más de 80% hacia 2030.
En los cuadros que se adjuntan en el reporte, surge que para este 2025 los subsidios rondarán los $6,3 billones, apenas un 22% más que el año anterior, muy por debajo de la inflación proyectada. Para 2026, ese monto prácticamente se congela, y en 2027 se espera una poda más drástica. ¿La meta? Que para 2030 los subsidios representen solo $1,15 billones, es decir, apenas el 20% del gasto actual.

"Continuaremos nuestros esfuerzos para reducir los subsidios a la energía, garantizando una recuperación adecuada del costo promedio de la electricidad", planteó el equipo de Luis Caputo, en el renovado compromiso con el Fondo.
Desde que arrancó su gestión, el Ejecutivo dio pasos para reducir los subsidios a las tarifas de luz y gas, con cambios en los umbrales de los bloques de consumo para los usuarios de bajos y medios ingresos, o elevar el sobrecargo en el gas natural para financiar el régimen de zonas frías. Y dejó en claro que quiere reemplazar el esquema actual de subsidios por ingresos con uno más focalizado, tipo tarifa social.
Sin embargo, la eliminación total de subsidios aún no es una realidad. De hecho, la segmentación de tarifas implementada por la gestión anterior seguirá vigente, al menos, hasta julio de 2026, cuando vence la emergencia energética.
Mientras tanto, Economía trabaja en una herramienta clave: un "registro social único" que cruce los datos de todos los beneficios estatales que recibe cada ciudadano. El objetivo es claro: mejorar la puntería del gasto y dejar atrás los subsidios por ingreso. Esta base de datos —que estará lista en diciembre— será la carta fuerte del Gobierno en la próxima revisión del FMI, prevista para enero de 2026.
Con información de TN
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