Diputados buscará este miércoles declarar la emergencia para Bahía Blanca

Un proyecto de ley que busca declarar la emergencia ambiental, económica y habitacional en Bahía Blanca y localidades cercanas podría convertirse en el primer punto de consenso en la Cámara de Diputados de la Nación en mucho tiempo.

La iniciativa, presentada por la diputada Victoria Tolosa Paz (PRO), se centra en atender las consecuencias del violento temporal que azotó la región el pasado viernes, dejando un saldo de 16 fallecidos, más de 1.400 evacuados y graves daños materiales. El debate está previsto para el próximo miércoles, en una sesión que podría marcar un inusual acuerdo entre los bloques políticos.

El proyecto, que ingresó al Congreso el viernes por la noche, cuenta con el respaldo de 108 diputados de diversos bloques, entre ellos Unión por la Patria (UP), UCR, PRO, Democracia, Encuentro Federal, Coalición Cívica, Innovación Federal y el MID. Actualmente, el texto está siendo evaluado por el bloque de La Libertad Avanza (LLA), que aún no ha definido su postura.

La propuesta establece un período inicial de emergencia de 90 días, con posibilidad de prórroga, y contempla medidas específicas para la reconstrucción de la infraestructura y la recuperación de las actividades económicas, sociales y educativas en las zonas afectadas.

El proyecto de ley incluye una serie de disposiciones destinadas a mitigar los efectos del desastre natural. En su segundo artículo, se establece que el Ejecutivo nacional deberá asignar una partida extraordinaria para la reconstrucción de infraestructura y la reactivación de las actividades económicas y sociales. Además, se encomienda al Gobierno, en el marco del Sistema Nacional de Gestión Integral de Riesgos, adoptar medidas para restablecer las condiciones de vida de los habitantes, priorizando obras públicas urgentes como la reparación y construcción de viviendas.

El artículo 4 del proyecto faculta al Ejecutivo a implementar líneas de crédito con tasas bonificadas para la reparación de viviendas y la continuidad de las actividades económicas. También se propone la suspensión de juicios y procedimientos administrativos de cobro de deudas por 90 días, así como la creación de regímenes especiales de pago y exenciones impositivas a través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Estas medidas buscan aliviar la carga financiera de los afectados y facilitar la recuperación económica de la región.

Para que el proyecto sea debatido sobre tablas -ya que no pasó por ninguna comisión-, se requiere el voto de dos tercios de los diputados, es decir, 172 de los 257 legisladores. Según detalló la diputada Victoria Tolosa Paz, existe un compromiso por parte de los bloques que firmaron la iniciativa, así como de otros sectores como la izquierda, que, aunque no rubricaron el texto, han manifestado su intención de acompañar la propuesta.

Fuente: Infobae