El Gobierno presentó el proyecto de divorcio simplificado para evitar los juicios

El Gobierno presentó un proyecto de ley para implementar el divorcio simplificado en sede administrativa y civil cuando ambas partes acuerden la disolución del matrimonio de manera mutua. El objetivo principal de esta iniciativa es evitar la judicialización de los divorcios, ya que los procesos demandan más tiempo y mayores costos económicos, incluyendo las costas judiciales y los honorarios de los abogados involucrados.

Uno de los fundamentos del proyecto elaborado por el Ministerio de Justicia señala que "el tiempo que insume el referido proceso implica para las partes que durante ese período de tiempo no podrán disponer de algunas de sus bienes con entera libertad". Además, se destaca que la acumulación de divorcios en el sistema judicial aumenta el número de causas, lo que genera una mayor lentitud en los tribunales y un costo indirecto para los contribuyentes.

La propuesta contempla implementar un proceso de divorcio más sencillo, rápido y económico, facilitando que las parejas disuelvan su vínculo de manera administrativa. "El divorcio en sede administrativa permite a los cónyuges terminar su vínculo matrimonial de la misma manera que lo iniciaron: de mutuo acuerdo y ante el oficial público encargado de Registro de Estado civil y Capacidad de las Personas, con un simple trámite administrativo", explicaron las autoridades.

El proyecto también rebate la creencia de que facilitar el divorcio podría destruir la familia y la sociedad. "Si bien las restricciones, prohibiciones y obstáculos al divorcio se basaron en el argumento de que facilitar el divorcio traería aparejada la destrucción de la familia y la sociedad, esto no sucedió", subrayaron, destacando que estudios concluyen que los efectos negativos sobre los hijos no son causados por el divorcio en sí, sino por el deterioro matrimonial, independientemente de que haya divorcio o no.

Con información de Perfil