Los compromisos que asumió Milei con el FMI

A cambio del cumplimento de las metas del acuerdo de crédito, el FMI aprobó el nuevo desembolso de 790 millones de dólares y apoyó al Gobierno en la reforma fiscal, laboral y el RIGI. Al mismo tiempo, ejerció presión para liberar los controles cambiarios, subir las tasas de interés y volvió a advertir por la "calidad del ajuste".

A pesar de la satisfacción del Fondo con un Gobierno que está a su derecha, el organismo le viene dando vuelta la cara a Milei a la hora de entregar "fondos frescos" para consolidar el programa económico libertario. Días atrás, el ministro Caputo presionó públicamente al FMI para que apruebe la entrega de nuevos créditos, algo que parece difícil en medio del proceso electoral norteamericano y siendo Argentina el principal deudor del organismo. Este viernes, durante su participación en la cumbre del G-7 en Italia, el presidente Milei se reunió con la directora del Fondo, Kristalina Georgieva, y le brindó nuevos argumentos para convencerla de la apuesta.  

El Gobierno ratificó ante el Fondo la idea de eliminar los controles cambiarios, aunque se guardó una carta bajo la manga al aclarar que esas medidas sólo se tomarán "siempre y cuando no impliquen riesgos excesivos para el proceso de reducción de la inflación y fortalecimiento de la hoja de balance del Banco Central". 

En el terreno fiscal, el ministro de Economía, Luis Caputo, le anticipó al Fondo que "el Gobierno espera iniciar una reducción significativa en los impuestos más distorsivos, comenzando por el Impuesto PAIS una vez promulgada la Ley Bases". No hizo mención a las retenciones a las exportaciones, un tributo del cual el Gobierno se está beneficiando a sus anchas y que despierta el rechazo de siempre en sus bases. Asimismo, entre el organismo y el Ministerio de Economía se acordó modificar la tónica de la política de tasas de interés para que vuelva al terreno positivo.

En tanto, el FMI apoyó al Ejecutivo en la restitución del impuesto a las Ganancias para los salarios más altos y en la profundización de la eliminación de subsidios a las tarifas. También lo hizo en cuanto a la reforma laboral que se plantea en la Ley Bases y al RIGI. 

La aprobación de la octava revisión del Programa de Facilidades Extendidas permitió la liberación de un desembolso de unos 790 millones de dólares. Ese dinero excede al monto previsto en la próxima amortización, de unos 645 millones de dólares para el mes que viene, aunque el pago total que debe afrontar el país en este segundo semestre asciende a 1700 millones de dólares a causa de los intereses y comisiones. En 2025, sólo se pagan intereses y comisiones por 3000 millones de dólares y a partir del segundo semestre de 2026 comienza una carga creciente de vencimientos de capital que seguramente sea necesario volver a renegociar para no caer en default.

Fuente: Página 12