Crean la mesa judicial de la lucha contra el narcotráfico y crimen organizado

La escalada de casos vinculados con el narcotráfico y el crimen organizado en Bahía Blanca pone de manifiesto una profunda preocupación entre las autoridades, lo que motivó a que se acelere la futura creación de una mesa judicial compuesta por jueces y fiscales tanto del ámbito provincial como federal.

El crimen de Juan Ramón Romero Miranda ocurrido días atrás encendió las alertas para que se tome una medida tendiente a evitar que escale la violencia. Cabe recordar que el hallazgo del cuerpo del "mendocino" hace pensar que detrás de su homicidio existen tintes mafiosos, a partir de su frondoso prontuario.

Entre quienes integrar´án el flamante organismo que comenzarían a reunirse en octubre aparecen los nombres del Procurador General de la Suprema Corte de Justicia, Julio Conte Grand, el fiscal general Juan Pablo Fernández, el fiscal de la Justicia Federal Santiago Ulpiano Martínez, los jueces federales de primera instancia Walter López Da Silva y María Gabriela Marrón.

Además, los miembros de la Cámara Federal compuesta por Pablo Candisano Mera, Leandro Picado, Silvia Fariña, Pablo Larriera y Roberto Amábile, el titular de la fiscalía especializada en esta clase de delitos, Mauricio Del Cero, jueces del TOF (Sebastián Foglia y Ernesto Sebastián), magistrados de Garantías (Guillermo Mércuri, Susana Calcinelli y Marisa Promé) y de la Cámara Penal bonaerense: Gustavo Barbieri, Guillermo Petersen, Pablo Soumoulou, Alfredo Mones Ruiz y Guillermo Rodríguez. Y el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad, Diego Iglesias.

La mesa de intercambio de información instituida mediante la ley 27.502 es una normativa que estableció la creación de mesas de intercambio de información, integrada por jueces federales, representantes del Ministerio Público Fiscal de la Nación, fiscales provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o los jueces provinciales, que tengan a su cargo las investigaciones por infracciones a la ley 23.737 y sus modificatorias y por la PROCUNAR, para intercambiar criterios de política criminal en torno a las pesquisas y compartir la información relacionada.