Pidieron el juicio político para Víctor Violini, el juez que habilitó las prisiones domiciliarias masivas

La Asociación Civil Usina de Justicia pidió el juicio político para el juez de la Cámara de Casación Penal bonaerense Víctor Violini, que habilitó las prisiones domiciliarias masivas en la provincia de Buenos Aires.

Lo acusan de “incompetencia o negligencia en el ejercicio de sus funciones y por el incumplimiento de sus deberes”. Por eso, solicitaron un jury en el mismo día en el que la Suprema Corte de la Provincia va a expedirse sobre el Hábeas Corpus colectivo presentado por los defensores públicos frente a su fallo, para que les otorguen el beneficio a los presos de mayor riesgo en el contexto de la pandemia.

La ONG que defiende los derechos de las víctimas de homicidios y femicidios, alegó que Violini se arrogó la competencia de todos los jueces a los que les tocaba cada causa particular, pese a que pueden tener criterios distintos. Y aseguró que su fallo es “arbitrario”.

El escrito presentado, al que pudo acceder TN.com.ar, lleva la firma del abogado Fernando Soto y plantea que “la circunstancia de emergencia sanitaria producida por el COVID-19, ni la situación carcelaria producto de la sobrepoblación carcelaria justifican una alteración total del orden constitucional y legal”.

Para la agrupación, la primera causa de remoción del juez es “la abierta violación de los principios básicos de los estamentos procesales que regulan su facultad para aplicar la ley”. A su vez, el documento alega que se suman argumentos como “el haber obrado con una ostensible falta de fundamentación sobre la admisibilidad de una acción colectiva, desnaturalizando las funciones de la Cámara de Casación”.

Además, el pedido remarca también que el habeas corpus colectivo “no fue iniciado ante el juez de primera instancia en turno con competencia en la materia, sino que fue iniciado directamente ante la Cámara de Casación Penal” y que “de no ser el Dr. Víctor H. Violini el juez competente para decidir la cuestión llevada a su estudio, en la decisión que motiva esta presentación el Magistrado denunciado ha incumplido las normas que regulan los institutos procesales de la prisión preventiva y la libertad condicional, además de haber incumplido la Ley Nacional nro. 27.372 y el art. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (también llamada Pacto de San José de Costa Rica)”.

“El temerario obrar del Juez Violini es una causal que amerita su remoción como Magistrado de la Cámara de Casación Penal, ya que con su decisión ha lesionado un adecuado servicio de justicia”, plantea la agrupación que dirige la filósofa Diana Cohen Agrest, quien perdió a su hijo en un hecho de inseguridad, y reclama que “no se ha convocado ni escuchado a asociaciones representantes de los derechos de las personas víctimas de delitos”.

Antes de tomar una decisión, la Suprema Corte les pidió la opinión al Procurador General bonaerense Julio Conte Grand y al defensor ante el tribunal de Casación Mario Coriolano. El primero, rechazó el fallo e indicó en su dictamen que la resolución genera “gravedad institucional”. Además consideró ilegal la decisión del presidente de Casación Ricardo Borinsky, que les ordenó a los jueces y tribunales inferiores que cumplan con la orden de los arrestos domiciliarios.

Mientras que Coriolano le pidió al tribunal que confirme el fallo de Violini. Dijo que es falso que haya permitido arrestos domiciliarios de manera masiva y que se trata de una recomendación que les hizo a los tribunales inferiores. Además, aseguró que si no avala el Hábeas Corpus colectivo apelará al máximo tribunal de la Nación.

Fuente: TN