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Juntan firmas en Tribunales a favor del juez Brun
Es luego de conocerse el pedido de juicio político contra el magistrado.
Tras conocerse el pedido de juicio político que impulsó el massismo contra el juez de Ejecución bahiense Claudio Brun por el pedido de arresto domiciliario de abusadores sexuales en el marco de la pandemia del Covid-19, hubo algunas reacciones para respaldarlo.
Según pudo saber la redacción de LA BRÚJULA 24, en las últimas horas empleados y funcionarios judiciales colegas del magistrado, comenzaron a buscar firmas para brindar su apoyo al juez ante la noticia de pedido de juicio político que se conoció en los últimos días.
En las últimas horas este medio informó que Brun pedirá renunciar a la subrogancia del Juzgado de Ejecución N° 2 de Bahía Blanca.
Además, confirmaron que la intención del magistrado que se encuentra en el ojo de la tormenta por la salida de peligrosos internos de la cárcel es quedarse solo con las causas que tramitan en su despacho.
Cabe señalar que en la acusación contra Brun a la que accedió esta redacción, se señala que “el mal desempeño del Juez acusado encuadra en las faltas previstas por el art. 21 de la Ley 13.661, en los incisos: d) incompetencia o negligencia demostrada en el ejercicio de sus funciones; e) incumplimiento de los deberes inherentes al cargo; i) comisión de graves irregularidades en los procedimientos a su cargo o en los que hubiere intervenido”.
Y agrega que “El 7 de abril de 2020 se le otorgó al condenado por violación Néstor Ibars, el beneficio de la prisión domiciliaria, vulnerando ampliamente todos derechos esenciales que asisten a la víctima en la ley 27.372, como así también los consagrados en la ley 26.456, ambas de aplicación obligatoria en todo el territorio nacional. No es menor observar y analizar la gravedad de los hechos por los cuales Ibars fuera condenado, por cuanto la ponderación entre daño probabilístico a la salud del imputado frente al imperativo de justicia, fue apreciado negligentemente al violentar los sacramentales principios de racionalidad y proporcionalidad”.
Más adelante, el escrito indica que “a su vez, es preciso destacar que de la propia resolución surge a todas luces que no se encuentra controlado por el sistema de monitoreo electrónico hasta tanto no finalice el aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el Gobierno Nacional, lo que pone en una situación de peligro y gravedad a la víctima de los aberrantes hechos cometidos por el condenado”.
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