Cristina pide a la ONU que revise su condena y suspenda la inhabilitación para ser candidata

La defensa de Cristina Fernández de Kirchner avanzó con un nuevo planteo ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para cuestionar la condena en la causa Vialidad y solicitar, como medida cautelar, la suspensión de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

La presentación fue realizada por sus abogados Carlos Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego, quienes incorporaron una adenda a la comunicación que ya había sido elevada al organismo internacional. El objetivo es que la ONU revise las condiciones en las que se desarrolló el proceso judicial y los planteos formulados por la defensa.

Kirchner cumple una condena de seis años de prisión bajo modalidad domiciliaria, además de una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, luego de que la Corte Suprema dejara firme el fallo dictado en la causa Vialidad. Esa prohibición le impide actualmente presentarse como candidata en las elecciones de 2027.

Los abogados sostienen que durante el proceso fueron vulneradas garantías contempladas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y plantearon que existieron irregularidades que, a su criterio, justifican una revisión de la sentencia. Esos argumentos forman parte de la posición de la defensa y deberán ser evaluados por el organismo internacional.

Entre los elementos incorporados aparece un informe privado referido al destino de fondos administrados por la Dirección Nacional de Vialidad. Según la interpretación de la defensa, el estudio indicaría que las empresas vinculadas a Lázaro Báez recibieron una proporción menor de los recursos de la que, según los abogados, fue considerada durante el juicio.

La estrategia judicial tendrá además un capítulo en los tribunales argentinos. Los letrados preparan un recurso de revisión ante la Cámara Federal de Casación Penal, con el que buscarán reabrir la discusión sobre la condena y solicitar su suspensión mientras se resuelve el planteo.

La presentación ante Naciones Unidas también tiene impacto sobre el futuro político de la exmandataria, ya que una de las medidas solicitadas es precisamente suspender la inhabilitación que hoy le impide competir electoralmente. Mientras no exista una resolución judicial que modifique esa situación, la prohibición continúa vigente.