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El Gobierno intimó al Reino Unido por el petróleo en Malvinas y advirtió que irá a un tribunal internacional
La administración de Javier Milei dio un plazo de dos semanas para frenar las actividades vinculadas al proyecto Sea Lion, en la Cuenca Malvinas Norte. Si no hay respuesta favorable, la Argentina anticipó que solicitará medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar.
El Gobierno nacional intimó formalmente al Reino Unido para que detenga las actividades destinadas a la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas y advirtió que, si en un plazo de dos semanas no hay cambios, acudirá a instancias internacionales. La medida apunta especialmente al proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en la denominada Cuenca Malvinas Norte.
Según informó el Ejecutivo, la Cancillería y los equipos jurídicos recibieron instrucciones para iniciar el procedimiento previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. El objetivo declarado es impedir el desarrollo del proyecto y evitar nuevas decisiones unilaterales vinculadas con la explotación de recursos naturales en la plataforma continental reclamada por la Argentina.
“Si en dos semanas el Reino Unido no frena la explotación ilegítima, vamos a ir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar”, escribió el presidente Javier Milei. El Gobierno sostuvo además que, en caso de que Londres no atienda el requerimiento, solicitará medidas provisionales para preservar los derechos soberanos reclamados por la Argentina sobre la zona.
En su argumentación, la Casa Rosada mencionó las resoluciones 2065 y 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La primera reconoce la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, mientras que la segunda insta a las partes a evitar modificaciones unilaterales de la situación mientras continúe la controversia.
Tal como publica La Nación, el comunicado oficial también rechazó la posición británica respecto de la condición de las islas y cuestionó el referéndum realizado en 2013, al considerar que no modifica la disputa de soberanía reconocida en el ámbito de Naciones Unidas.
En paralelo, el Gobierno anunció acciones por vuelos realizados entre las Islas Malvinas y Punta Arenas, Chile, por una aeronave de matrícula británica vinculada a la empresa Thales UK Limited. Según la versión oficial, esas operaciones se habrían efectuado sin autorización argentina, por lo que se iniciarán procedimientos sancionatorios, denuncias penales y gestiones diplomáticas.
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