Fuerte advertencia por el nuevo régimen penal juvenil: "No están los recursos"

La titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil Nº 2, Natalia Giombi, advirtió que la puesta en marcha del nuevo régimen penal juvenil encuentra a la provincia de Buenos Aires sin la infraestructura y los recursos necesarios para responder a los cambios establecidos por la ley.

En diálogo con Gente de Palabra, por La Brújula 24, la magistrada aclaró que la discusión actual no pasa por cuestionar la decisión política de reducir la edad a partir de la cual un adolescente puede ingresar al sistema penal, sino por las dificultades concretas para implementar la normativa.

“El punto es que no están los recursos”, señaló Giombi, quien explicó que Buenos Aires ya tenía cubiertos sus cupos de alojamiento para adolescentes antes de la entrada en vigencia del nuevo esquema.

La jueza indicó que la legislación no solamente incorpora a adolescentes desde los 14 años al proceso penal, sino que también amplía el universo de las conductas alcanzadas. Esto incluye hechos de menor gravedad, como daños, lesiones leves, hurtos o amenazas.

En ese sentido, planteó la necesidad de diferenciar esas situaciones de delitos graves y usar, cuando corresponda, mecanismos alternativos y abordajes sociales o comunitarios, en lugar de recurrir automáticamente a medidas de encierro.

Giombi remarcó que los adolescentes que deban ser privados de su libertad tienen que permanecer en centros especializados y separados de los adultos, aunque volvió a advertir que actualmente existen serios problemas de capacidad.

Como ejemplo de las dificultades de implementación, mencionó la figura del “supervisor” incorporada por el nuevo régimen. Según explicó, el propio decreto reglamentario suspendió inicialmente su aplicación debido a que todavía no se había creado el registro necesario para ponerla en funcionamiento.

Durante la entrevista también puso el foco en la magnitud real de los delitos graves cometidos por menores y pidió evitar una mirada que generalice este tipo de hechos.

Según datos analizados durante unas jornadas de capacitación del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, actualmente hay unos 670 adolescentes privados de su libertad en la provincia de Buenos Aires, mientras que otras jurisdicciones como La Rioja, Santa Cruz y Neuquén registran cifras significativamente menores.

Giombi sostuvo además que los delitos graves protagonizados por adolescentes tienen una incidencia reducida dentro de las estadísticas generales y mencionó como referencia que representan alrededor del 0,06% de los delitos penales registrados en el país.

La magistrada insistió en que la respuesta no puede limitarse al sistema penal y reclamó políticas públicas capaces de ofrecer contención y oportunidades antes de que los adolescentes lleguen a situaciones delictivas. “¿Dónde comienza el delito? ¿En el hecho en sí o comenzó mucho antes? Mucho antes”, resumió.

También llamó a reforzar el trabajo comunitario y la corresponsabilidad de organismos públicos, organizaciones y la sociedad en general frente a las problemáticas que atraviesan niños y adolescentes.