Avanza la investigación por un posible secuestro extorsivo

Diego Maximiliano Canoni quedó imputado por los delitos de extorsión y robo agravado en poblado y en banda, en concurso real, en el marco de la causa iniciada por la denuncia de un hombre que aseguró haber sido privado de la libertad y obligado a entregar dinero por una supuesta deuda.

Tal como había anticipado días atrás La Brújula 24, la novedad se produjo después de que la Justicia Federal enviara el expediente a la UFIJ Nº 7, a cargo de la fiscal Marina Lara, donde se realizó la indagatoria del acusado. Según se mencionó, Canoni decidió declarar y negó haber secuestrado o extorsionado a la víctima.

Durante su declaración, el imputado dio su versión sobre el vínculo que mantenía con el denunciante. Según planteó, la relación estaba asociada a su actividad laboral, ya que le alquilaba un local donde funcionaba un taller de aberturas y además realizaban trabajos en conjunto.

Canoni admitió que hubo un encuentro con la intervención de una tercera persona, aunque sostuvo que en ese contexto reclamó dinero que, según su versión, le correspondía. También dijo que fue el propio denunciante quien comenzó a realizar llamadas para intentar conseguir ese monto.

Tras escuchar su declaración y hacerle conocer formalmente los hechos atribuidos, la fiscal Lara resolvió imputarlo, en esta etapa de la investigación, por extorsión y robo agravado en poblado y en banda.

El acusado permanece detenido por orden del Juzgado de Garantías Nº 4, mientras continúa la recolección de pruebas para determinar con mayor precisión qué ocurrió y qué responsabilidad le cabe en el hecho investigado.

La causa había tenido intervención inicial de la Justicia Federal, luego de que la querella planteara que debía ser analizado como un posible “secuestro coactivo”. El abogado de la víctima, Martiniano Greco, había respaldado la detención ordenada por la Cámara Federal y sostuvo que las pruebas reunidas corroboraban la denuncia.

En aquella oportunidad, el letrado afirmó que la víctima habría sido engañada para concurrir al lugar donde se produjo el episodio y luego reducida por varias personas, bajo amenazas, para entregar dinero y firmar documentación. También rechazó la versión defensiva vinculada a un supuesto cobro de deuda.

Con el pase al fuero provincial, el expediente continuará ahora bajo la órbita de la Fiscalía Nº 7, que deberá avanzar con las medidas pendientes para definir el curso de dicha investigación.