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Kicillof se presentará ante la Corte Suprema para reclamar una deuda de $12 billones de Nación

La administración bonaerense adelantó que mañana hará un nuevo reclamo para que le restituyan fondos atrasados. Según su informe, hay deudas directas, saldos de obras públicas comprometidas y pasivos estimados por discontinuidad o retrasos en programas nacionales.

La provincia de Buenos Aires volverá a presentarse ante la Corte Suprema de Justicia para exigir que se expida en la causa por la deuda previsional que la Nación mantiene con la administración bonaerense. La presentación será formalizada este martes por la Fiscalía de Estado, en representación del gobierno de Axel Kicillof, y reclamará una suma que asciende a $12,1 billones, según cálculos oficiales actualizados a junio de 2025.

El anuncio fue realizado este lunes en una conferencia de prensa en la sede gubernamental de La Plata, encabezada por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco. “Se han producido movimientos en otras causas similares que llevaron adelante otras provincias, pero no en la que en abril de 2024 presentó la provincia de Buenos Aires”, recordó el funcionario.

El nuevo escrito, explicó Bianco, tiene dos objetivos: “Se le va a pedir a la Corte Suprema, primero que se expida sobre su competencia para entender en la causa; y segundo, que fije una audiencia de partes, tal como hizo con las provincias de Córdoba y Santa Fe”.

Durante la exposición, Bianco mostró una serie de láminas en las que se detallan los rubros y conceptos que integran el reclamo provincial. El informe elaborado por el Ministerio de Gobierno divide la deuda en tres grandes apartados: deudas directas, saldos de obras públicas comprometidas y deudas estimadas por discontinuidad o retrasos en programas nacionales.

En el primer rubro, la provincia exige $3 billones por conceptos como transferencias de ANSES a la Caja Provincial, compensaciones fiscales, fondos para salud y educación, equipamiento médico y programas de salud sexual y perinatal, entre otros. En el segundo apartado, se reclaman $6,9 billones por compromisos de obras públicas no cumplidas, como viviendas del Procrear y el programa Casa Propia, infraestructura hospitalaria, convenios con universidades y obras municipales. Por último, se estiman $2,2 billones por la interrupción o demora en el envío de fondos de programas como el FONID, Potenciar Trabajo, el Programa Remediar y otros.

Tras la presentación de Bianco, tomó la palabra el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, quien fue contundente al señalar: “El gobierno nacional se roba la plata de la provincia de Buenos Aires, se queda con dinero que es de las provincias y que tiene una afectación específica en infraestructura”.

Y agregó: “No sabemos dónde está toda esta plata, no sabemos qué está haciendo el gobierno nacional; parte de esa plata es la que usan para dibujar este superávit trucho con el que todo el tiempo quieren hacer campaña”.

El reclamo formal ante la Corte se da en un contexto de creciente tensión entre el gobierno de Javier Milei y los gobernadores, en especial con la administración de Kicillof, que busca recuperar fondos que considera clave para el funcionamiento de áreas sensibles como salud, educación y obra pública.

La provincia de Buenos Aires volverá a presentarse ante la Corte Suprema de Justicia para exigir que se expida en la causa por la deuda previsional que la Nación mantiene con la administración bonaerense. La presentación será formalizada este martes por la Fiscalía de Estado, en representación del gobierno de Axel Kicillof, y reclamará una suma que asciende a $12,1 billones, según cálculos oficiales actualizados a junio de 2025.

El anuncio fue realizado este lunes en una conferencia de prensa en la sede gubernamental de La Plata, encabezada por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco. “Se han producido movimientos en otras causas similares que llevaron adelante otras provincias, pero no en la que en abril de 2024 presentó la provincia de Buenos Aires”, recordó el funcionario.

El nuevo escrito, explicó Bianco, tiene dos objetivos: “Se le va a pedir a la Corte Suprema, primero que se expida sobre su competencia para entender en la causa; y segundo, que fije una audiencia de partes, tal como hizo con las provincias de Córdoba y Santa Fe”.

Durante la exposición, Bianco mostró una serie de láminas en las que se detallan los rubros y conceptos que integran el reclamo provincial. El informe elaborado por el Ministerio de Gobierno divide la deuda en tres grandes apartados: deudas directas, saldos de obras públicas comprometidas y deudas estimadas por discontinuidad o retrasos en programas nacionales.

En el primer rubro, la provincia exige $3 billones por conceptos como transferencias de ANSES a la Caja Provincial, compensaciones fiscales, fondos para salud y educación, equipamiento médico y programas de salud sexual y perinatal, entre otros. En el segundo apartado, se reclaman $6,9 billones por compromisos de obras públicas no cumplidas, como viviendas del Procrear y el programa Casa Propia, infraestructura hospitalaria, convenios con universidades y obras municipales. Por último, se estiman $2,2 billones por la interrupción o demora en el envío de fondos de programas como el FONID, Potenciar Trabajo, el Programa Remediar y otros.

Tras la presentación de Bianco, tomó la palabra el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, quien fue contundente al señalar: “El gobierno nacional se roba la plata de la provincia de Buenos Aires, se queda con dinero que es de las provincias y que tiene una afectación específica en infraestructura”.

Y agregó: “No sabemos dónde está toda esta plata, no sabemos qué está haciendo el gobierno nacional; parte de esa plata es la que usan para dibujar este superávit trucho con el que todo el tiempo quieren hacer campaña”.

Tal como señala Infobae, el reclamo formal ante la Corte se da en un contexto de creciente tensión entre el gobierno de Javier Milei y los gobernadores, en especial con la administración de Kicillof, que busca recuperar fondos que considera clave para el funcionamiento de áreas sensibles como salud, educación y obra pública.

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