Argentina reclamó ante un tribunal internacional para frenar la explotación petrolera británica en Malvinas

La Argentina inició este martes su presentación ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), con sede en Hamburgo, Alemania, para solicitar que se frene la explotación petrolera impulsada por empresas extranjeras en aguas cercanas a las Islas Malvinas, cuya soberanía es reclamada por nuestro país.

El planteo apunta principalmente al proyecto Sea Lion, desarrollado por las compañías Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration en la Cuenca Malvinas Norte, donde se estima que existen reservas equivalentes a unos 1.700 millones de barriles de petróleo.

Según publicó TN, se trata de la primera vez que Argentina litiga contra el Reino Unido ante un tribunal internacional por una controversia vinculada a Malvinas. Las audiencias comenzaron este martes y continuarán el miércoles, con exposiciones de ambas delegaciones.

Durante su intervención, el representante argentino Mario Oyarzábal cuestionó las decisiones del Gobierno británico de otorgar permisos de exploración y explotación de hidrocarburos sin el consentimiento de nuestro país.

“Hacen falta dos para bailar un tango, pero el Reino Unido prefiere bailar solo”, expresó el funcionario, al recordar que ambos países habían firmado en 1995 un acuerdo de cooperación para desarrollar actividades marítimas en el Atlántico Sur.

La posición argentina sostiene que estas autorizaciones unilaterales contradicen la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y una resolución de la ONU que insta a las partes a evitar decisiones que puedan agravar la disputa de soberanía.

Uno de los principales argumentos presentados por la delegación nacional está relacionado con el riesgo ambiental y las consecuencias irreversibles que podría generar la extracción de hidrocarburos en la zona.

Las empresas involucradas tienen previsto comenzar las perforaciones a principios de 2027 y alcanzar la producción comercial durante 2028. Por ese motivo, Argentina solicita medidas urgentes para impedir que las operaciones avancen mientras se desarrolla el proceso judicial.

El especialista en derecho internacional Marcelo Kohen, integrante de la defensa argentina, explicó que el pedido no requiere que el Tribunal determine a qué país pertenecen las islas, sino que busca evitar modificaciones irreversibles en una plataforma continental cuya soberanía continúa en disputa.

La delegación nacional está encabezada por la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal Murphy, y cuenta con representantes de Cancillería, el Ministerio de Economía y la Procuración del Tesoro, además de especialistas internacionales.

Una vez concluidas las audiencias, el Gobierno espera que el Tribunal emita una resolución en un plazo estimado de entre dos y cuatro semanas, aunque no existe una fecha obligatoria para que los magistrados se pronuncien.

La decisión podría ordenar la suspensión de las actividades petroleras, establecer medidas parciales o rechazar la solicitud argentina. En cualquiera de los escenarios, el arbitraje internacional continuará.

El reclamo forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno para impedir la explotación de recursos naturales en el área disputada, que también incluye presentaciones diplomáticas, procedimientos administrativos y denuncias contra empresas involucradas en actividades vinculadas a las islas.