Verano sin pileta: una ley provincial genera preocupación en los edificios de Bahía

La próxima temporada de verano podría encontrar a numerosos edificios de Bahía Blanca con sus piletas cerradas. La aplicación de una ley provincial que exige la contratación de guardavidas en espacios de uso común encendió la preocupación entre los administradores de consorcios, principalmente por los costos que implica cumplir con la normativa.

Se trata de la Ley 14.798, sancionada en 2015, que regula la actividad de los guardavidas en la provincia de Buenos Aires. Aunque no es una disposición nueva, el avance de los controles y las inspecciones volvió a poner el tema sobre la mesa, tanto en edificios como en barrios cerrados y complejos habitacionales.

En diálogo con La Mesa Dominguera, programa que se emite por La Brújula 24, Adriana Maurizi, referente de administradores de edificios, explicó que la obligación alcanza a todas las piscinas compartidas, independientemente de sus dimensiones. "La ley no dice el tamaño de la pileta, sino que es generalizado", señaló.

La principal dificultad aparece al momento de afrontar la contratación del personal habilitado. El esquema contempla jornadas de seis horas diarias y una temporada mínima de 150 días, es decir, cinco meses, lo que representa un gasto considerable que terminaría trasladándose a las expensas de los propietarios.

Maurizi explicó que durante años la normativa no se aplicó de manera generalizada, en parte por desconocimiento. "Hay un organismo de control que es la Comisión Provincial de Guardavidas y recién hace unos años estandarizaron un formulario de fiscalización, que fuera parejo para todos, y no se estaba cumpliendo", sostuvo.

Según relató, la situación comenzó a cambiar en Mar del Plata, donde las inspecciones se extendieron a barrios cerrados y complejos habitacionales a partir de denuncias por la falta de personal de seguridad en sus piscinas. A partir de allí, los controles comenzaron a generar inquietud en otras localidades bonaerenses.

Más allá del impacto económico, la referente advirtió que mantener habilitada una pileta sin cumplir con la normativa puede traer serias consecuencias ante un accidente. "Hay que tener en cuenta que es una ley, que hay que respetarla, ya que al no cumplirla, si hay cualquier tipo de accidente, el consorcio es responsable, así como el administrador y los propietarios", remarcó.

Respecto de las posibles sanciones, reconoció que todavía no cuentan con información precisa. "No tenemos conocimiento de multas, no sabemos cuánto sería. La preocupación de los administradores es la responsabilidad ante accidentes", afirmó.

Por último, Maurizi recomendó que todos los edificios que cuenten con piscina convoquen a una asamblea para informar a los propietarios sobre las exigencias legales y definir cómo proceder. "Hay que informar correctamente a todos para que sepan cuál es la normativa y a qué se exponen", concluyó.