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Malvinas: el Gobierno busca dictamen en Diputados, pero enfrenta resistencias de aliados
El oficialismo intenta avanzar este martes con el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional. Las diferencias con el PRO y la UCR por varios artículos ponen en duda la posibilidad de alcanzar un acuerdo.
El Gobierno nacional buscará este martes obtener dictamen favorable para el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, vinculado a las Islas Malvinas, aunque las negociaciones con los bloques aliados y dialoguistas todavía no permitieron garantizar las firmas necesarias.
El plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto está convocado para las 16 en el Anexo C de la Cámara de Diputados. La reunión se realizará después de la suspensión de la semana pasada y en medio de diferencias que podrían provocar una nueva postergación.
Según informó la Agencia Noticias Argentinas, desde el interbloque Fuerzas del Cambio, integrado por el PRO y la UCR, reconocieron que persisten desacuerdos sobre distintos artículos que la Casa Rosada se resiste a modificar. Si bien los legisladores estarían dispuestos a acompañar algunas disposiciones con observaciones, consideran difícil alcanzar un consenso inmediato.
Hasta el momento, el oficialismo aceptó revisar el artículo 111, referido a las sanciones por campañas coordinadas de desinformación, manipulación de la opinión pública y promoción de actos violentos. Sin embargo, todavía no prosperaron otros pedidos, como la incorporación de representantes de la oposición al Consejo de Seguridad Nacional que contempla la iniciativa.
Otro de los cuestionamientos apunta a la posible superposición de funciones entre las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad en la protección de infraestructuras estratégicas, una cuestión que genera reparos entre los sectores que negocian con el Ejecutivo.

El proyecto propone penas de hasta 20 años de prisión para quienes participen en la explotación no autorizada de recursos naturales en Malvinas y sus espacios marítimos circundantes. Además, amplía las prohibiciones vigentes, establece un registro público de infractores y contempla la posibilidad de juzgar en ausencia a los responsables de determinados delitos.
La iniciativa también impulsa la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, encabezado por el Presidente, con atribuciones para adoptar medidas excepcionales frente a amenazas graves. Entre ellas figuran restricciones financieras y comerciales, mientras que otras disposiciones habilitan, bajo determinadas condiciones, el derribo de aeronaves y el hundimiento de embarcaciones consideradas hostiles como último recurso.
Más allá de las diferencias políticas, el oficialismo enfrenta dificultades para encontrar una fecha de tratamiento en el recinto. La discusión del Presupuesto 2027 aparece como la principal prioridad legislativa, mientras que la visita del papa León XIV y los feriados previstos para noviembre complican el calendario parlamentario.
En este escenario, el Gobierno deberá intensificar las negociaciones si pretende conseguir el dictamen y llevar el proyecto al recinto antes de que finalice el período de sesiones ordinarias.
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