Malvinas: el Gobierno pedirá cautelares contra el Reino Unido ante un tribunal internacional

La Argentina avanzará la próxima semana con un pedido de medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para intentar frenar las actividades hidrocarburíferas que impulsa el Reino Unido en las Islas Malvinas. La presentación se realizará al vencer el plazo de dos semanas que había fijado el Gobierno nacional.

El reclamo apunta particularmente al proyecto Sea Lion, en la Cuenca Malvinas Norte, donde las empresas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration anunciaron planes para comenzar la extracción de petróleo en 2028.

El Ejecutivo había intimado formalmente a Londres el 28 de septiembre para que adoptara medidas destinadas a impedir el inicio o la continuidad de esas actividades. En caso contrario, anticipó que recurriría al tribunal internacional con sede en Hamburgo.

La estrategia jurídica se apoya en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). Según explicó el canciller Pablo Quirno, será la primera vez que la Argentina someta ante un tribunal internacional una controversia vinculada con la explotación unilateral de recursos naturales en la zona de Malvinas.

El pedido no buscará que el organismo se pronuncie sobre la soberanía de las islas, cuestión que excede sus competencias, sino que analice si una de las partes puede avanzar por su cuenta con la explotación de recursos no renovables en un área cuya jurisdicción permanece en disputa.

El Tribunal Internacional del Derecho del Mar está integrado por 21 jueces y sus decisiones sobre medidas provisionales son obligatorias para las partes. La Argentina ya recurrió a ese ámbito en 2012 por la retención de la Fragata Libertad en Ghana, caso en el que el tribunal ordenó la liberación del buque.

La disputa por los hidrocarburos se sumó además a otros cruces recientes entre Buenos Aires y Londres. El Gobierno denunció vuelos de una empresa británica entre Punta Arenas y las islas sin autorización argentina y anunció procedimientos sancionatorios, denuncias penales y gestiones diplomáticas.

En paralelo, la administración de Javier Milei endureció las advertencias contra las compañías vinculadas al proyecto petrolero. De acuerdo con el Gobierno, algunos proveedores comenzaron a apartarse de las operaciones ante la posibilidad de recibir sanciones en la Argentina.