El Reino Unido refuerza su intervención en la explotación de crudo en Malvinas

El gobierno británico confirmó que las nuevas licencias petroleras en las Islas Malvinas deberán contar con el consentimiento de su secretario de Estado de Asuntos Exteriores. La decisión fue ratificada ante el Parlamento, en medio de la tensión con la Argentina por la explotación de recursos en aguas cercanas al archipiélago.

La intervención de Londres suma un respaldo a los permisos otorgados por las autoridades isleñas. Hasta ahora, las empresas involucradas contaban con contratos firmados por el gobierno local y con apoyo británico.

El subsecretario parlamentario del Foreign Office, Lord Wood of Anfield, sostuvo que “todas las licencias petroleras en las islas deberán ser autorizadas por el Foreign Office”. Sin embargo, evitó confirmar si Londres intervino en la autorización del proyecto Sea Lion.

Ese emprendimiento opera con licencias existentes, prorrogadas por cinco años, con opción a otros dos. Su primera producción está prevista para 2028. Al anunciar la extensión, las autoridades isleñas señalaron: “Lo hacemos con el fuerte apoyo del Reino Unido”.

La definición británica se produjo después de un septiembre marcado por las acciones sancionatorias anunciadas por el gobierno argentino y por retrocesos bursátiles de las compañías vinculadas al proyecto.

Rockhopper perdió un 17,9% de su valor en la Bolsa de Londres, mientras que Navitas cayó un 11,5% en Tel Aviv. Además, la estadounidense Halliburton decidió no prestar servicios para Sea Lion.

El Foreign Office ya había comunicado el 15 de septiembre que las nuevas licencias de hidrocarburos, otorgadas bajo legislación local, necesitaban el consentimiento del secretario de Estado. La ratificación parlamentaria reforzó esa condición.

En paralelo, el Partido Conservador impulsó un debate sobre el destino de las futuras regalías petroleras. Sus representantes plantearon que esos ingresos sean compartidos con el Reino Unido para financiar la defensa del archipiélago.

Ese gasto representa unas 75 millones de libras esterlinas anuales para el presupuesto británico. Los conservadores sostienen que utilizar las regalías permitiría liberar fondos para otras necesidades militares, en línea con los reclamos de la OTAN.

Según argumentaron, “esa medida también aliviará la carga de los contribuyentes británicos”. La propuesta abrió otra discusión sobre los eventuales beneficios de la explotación.

Con información de La Nación