Trump impone nuevos aranceles y la Argentina queda alcanzada con la tasa más baja

El gobierno de Donald Trump anunció una nueva batería de aranceles de entre el 10% y el 12,5% para 60 socios comerciales, incluida la Argentina. Las medidas entrarán en vigor desde el primer minuto de este viernes y fueron justificadas por la Casa Blanca como una herramienta para combatir la importación de productos elaborados mediante trabajo forzoso.

El anuncio fue realizado por el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, pocas horas antes del vencimiento de los gravámenes temporales del 10% aplicados bajo la Sección 122, que tenían un límite legal de 150 días. Según la Oficina del Representante Comercial estadounidense, los países alcanzados concentran cerca del 99% del comercio del país.

La Argentina quedó incluida en el grupo de naciones que recibirán la alícuota más baja, del 10%, debido a que cuenta con normas destinadas a combatir el trabajo forzoso. En febrero, ambos gobiernos habían firmado un acuerdo recíproco de comercio e inversión, aunque su implementación quedó condicionada por un fallo de la Corte Suprema que anuló buena parte de los aranceles globales promovidos por Trump.

Fuentes vinculadas a las negociaciones entre las administraciones de Trump y Javier Milei señalaron que el Gobierno argentino aguardaba la comunicación oficial para conocer el alcance concreto de la medida y determinar qué productos estarán exceptuados. Los funcionarios valoraron que el país haya quedado alcanzado por el nivel mínimo.

Los socios comerciales que no poseen legislación específica para impedir el ingreso de bienes producidos con trabajo forzoso deberán afrontar una tasa del 12,5%. Greer adoptó la decisión mediante la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, luego de investigaciones, audiencias públicas, más de 2100 comentarios y consultas internacionales.

“La medida se produce tras las investigaciones del USTR”, indicó el organismo. Greer sostuvo que “décadas de persuasión moral no han logrado erradicar el trabajo forzoso de las cadenas de suministro mundiales” y afirmó que la decisión busca enfrentar “una violación de los derechos humanos” y una práctica que distorsiona el comercio.

La disposición abre ahora una etapa de evaluación sobre sus efectos en las exportaciones argentinas y en el acuerdo bilateral firmado.

También puede ajustarse a una versión más enfocada en las consecuencias para las exportaciones argentinas.

Con información de La Nación