El Gobierno busca destrabar el conflicto universitario con una suba del 24%

El Gobierno nacional ofreció a las universidades una recomposición salarial cercana al 24%, en el marco de una negociación con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), aunque sin participación directa de gremios docentes y no docentes. La propuesta, sin embargo, quedó atravesada por una condición central: que las casas de estudio retiren la demanda judicial por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

Según publicó el portal de TN Noticias, el encuentro se realizó el lunes con la participación del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, y rectores que representaron al CIN. En esa reunión se planteó un incremento salarial del 24,3%, además de otros puntos vinculados al funcionamiento del sistema universitario.

Una fuente consultada por La Brújula 24 confirmó que “hubo conversaciones solo con el CIN, no con los gremios”, y ratificó que la propuesta se aplicaría en dos tramos: “Es un 21% ahora y un 3% en octubre”.

El mismo vocero advirtió, no obstante, que la oferta “no reconoce los salarios caídos en estos dos años”, uno de los principales reclamos que vienen sosteniendo los sectores universitarios en medio del conflicto presupuestario.

Según trascendió, la propuesta del Ejecutivo incluía también la conformación de una comisión técnica para trabajar sobre el período adeudado de 2024 y garantizar hacia adelante negociaciones paritarias cada tres meses. Además, se habría ofrecido un aumento del 50% para las becas Manuel Belgrano, un 20% para gastos de funcionamiento de las universidades y un fondo adicional de 50 mil millones de pesos para hospitales universitarios.

Pese a que algunos sectores consideraron la propuesta como un punto de partida para destrabar el conflicto, las negociaciones no llegaron a un acuerdo por el pedido del Gobierno de que las universidades retiren la demanda judicial que reclama la ejecución de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso.

Desde las universidades sostienen que esa demanda funciona como una herramienta de resguardo frente al incumplimiento de la ley y que no existe consenso para resignarla. En ese marco, el conflicto continúa abierto y con expectativa por una posible definición de la Corte Suprema.

El planteo se da después de semanas de reclamos, movilizaciones y medidas de fuerza en las universidades nacionales, donde docentes, no docentes, estudiantes y autoridades vienen advirtiendo por el deterioro salarial y las dificultades presupuestarias para sostener el funcionamiento del sistema.