El Gobierno apeló a la Corte para frenar la Ley de Financiamiento Universitario

El Gobierno nacional presentó un recurso ante la Corte Suprema de Justicia para que suspenda la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, en el marco de una disputa judicial que ya tuvo un revés en instancias anteriores.

Desde el Ejecutivo sostienen que la presentación replica los argumentos ya expuestos ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal y en el decreto con el que se promulgó la norma. “La ley no precisa de qué partidas deben salir los fondos ni cuáles son las fuentes concretas de financiamiento para cumplirla”, indicaron fuentes oficiales.

La posición oficial se remonta al veto presidencial de 2025 y a la posterior insistencia del Congreso en sancionar la ley. En ese contexto, el Gobierno argumenta que su implementación debería quedar supeditada a la disponibilidad presupuestaria, para evitar un impacto negativo en las cuentas públicas.

Sin embargo, la Cámara ya rechazó esa interpretación y confirmó una medida cautelar que obliga al Estado a cumplir de forma inmediata con artículos vinculados a la actualización salarial de docentes y no docentes, así como a la recomposición de becas.

Pese a ese fallo, la Casa Rosada decidió avanzar con la apelación ante el máximo tribunal, en una estrategia que también apunta a ganar tiempo mientras se define el esquema de financiamiento. En paralelo, el oficialismo analiza impulsar una nueva ley que reduzca el costo fiscal de la normativa vigente.

Mientras tanto, desde el Gobierno aseguran que las partidas universitarias serán actualizadas de manera progresiva y que la adecuación presupuestaria se incorporará al Presupuesto 2026, con ejecución mensual.

En el ámbito universitario, señala TN, persiste la incertidumbre sobre los plazos de implementación. Algunas fuentes estiman que los desembolsos también serían graduales y sin un pago retroactivo pleno, a la espera de definiciones judiciales.

La disputa por el financiamiento universitario se suma a otros frentes judiciales abiertos para el Ejecutivo, en un escenario de creciente tensión entre el Gobierno y distintos sectores institucionales.