Caso Fiorella Damiani: "La demanda busca una reparación por el daño que sufrieron mis asistidos"

La causa por la falsa denuncia de abuso presentada por la consejera escolar Fiorella Belén Damiani suma un nuevo capítulo judicial. Los jóvenes que habían sido acusados en la causa, Joaquín Álvarez y Fernando Pereyra, iniciaron una demanda contencioso administrativa contra la denunciante y contra el Estado provincial, en la que reclaman una indemnización cercana a los 40 millones de pesos por los daños que aseguran haber sufrido tras permanecer detenidos.

La presentación fue realizada ante el Juzgado Contencioso Administrativo por el abogado Juan Ignacio Vitalini, quien representa a ambos jóvenes. Según explicó, el reclamo surge como consecuencia del sobreseimiento que dispuso la Justicia en su momento y de la posterior condena a Damiani por falso testimonio agravado.

“El reclamo es un resarcimiento económico a Fiorella por haber falseado la denuncia y su testimonio, y también al Estado por no haber sopesado la prueba de descargo que existía en su momento”, sostuvo Vitalini en diálogo con La Brújula 24.

Álvarez y Pereyra estuvieron detenidos durante siete días en dependencias de la DDI tras la denuncia realizada en 2017, luego de una fiesta en Punta Alta. Sin embargo, durante la investigación aparecieron videos que, según la defensa, demostraban que la relación había sido consentida, lo que derivó en el sobreseimiento de ambos.

“Por esos siete días detenidos entendemos que existe un resarcimiento. Luego el juez determinará si también corresponde algún otro tipo de daño psicológico o moral producto de esta detención”, explicó el abogado.

La demanda contempla tres rubros principales: los días de privación de la libertad, el daño psicológico y el daño moral. En base a esos criterios, la defensa fijó un monto estimado de alrededor de 20 millones de pesos para cada uno de los jóvenes.

Vitalini aclaró que será el juez quien determine finalmente el monto de la eventual indemnización y el grado de responsabilidad de cada una de las partes demandadas. “La demanda es conjunta. Después el juez definirá si hubo responsabilidad del Estado y en qué porcentaje”, señaló.

El abogado también cuestionó el accionar judicial en el inicio de la investigación. Según afirmó, uno de los jóvenes entregó su teléfono celular desde el primer momento y allí se encontraba el video que luego resultó clave para la causa.

“Cuando se realizó el allanamiento, Joaquín Álvarez entregó el celular y explicó que dentro había una aplicación donde estaban los videos. Sin embargo, ese material no fue analizado en ese momento”, indicó.

Para la defensa, ese hecho podría constituir un elemento para evaluar una eventual responsabilidad estatal en la detención de los jóvenes.

La acción judicial ya había sido presentada antes del inicio del juicio oral contra Damiani para evitar la prescripción del reclamo. Tras la reciente condena a tres años de prisión en suspenso por falso testimonio agravado, ese fallo será incorporado como prueba dentro del expediente civil.

Respecto de los plazos, Vitalini estimó que el proceso podría resolverse en primera instancia dentro de un plazo aproximado de entre un año y medio y dos años.

“Acá no hay demasiada prueba para producir. Lo que se va a discutir principalmente es el monto de la indemnización y la eventual responsabilidad del Estado”, concluyó.