El Gobierno busca desactivar la polémica por las licencias para blindar la reforma laboral

Después de meses de trabajo fino y negociaciones cruzadas, la reforma laboral llegó al Senado, obtuvo media sanción y parecía encaminarse a una aprobación sin mayores sobresaltos. Pero un artículo agregado a último momento —el de las licencias por enfermedad— encendió la mecha. Y ahora, en la antesala del debate en Diputados, en la Casa Rosada creen que hace falta una solución urgente para evitar que el ruido político empañe el proyecto.

El punto en discusión es el artículo 208, que redefine el esquema de pago durante las licencias médicas. El problema, admiten en el oficialismo, es político. El artículo no figuraba en el dictamen original y fue introducido durante el tratamiento en el Senado. Para algunos funcionarios que trabajaron en la iniciativa, la modificación alimenta la narrativa de que la ley recorta derechos laborales. “Esto se agregó en el Senado”, deslizan, aunque sin señalar responsables. Lo cierto es que el revuelo ya se siente y podría complicar el tratamiento en la Cámara Baja.

Ante ese escenario, el Ejecutivo comenzó a explorar una salida alternativa. Según fuentes oficiales, la idea sería avanzar con la aprobación del texto tal como está y, una vez sancionado, convocar a la renegociación de los convenios colectivos. Allí se buscaría incorporar una cláusula que garantice que, cuando la imposibilidad de prestar tareas esté unánimemente aceptada, se otorgue un adicional no remunerativo que complete el 100% del sueldo neto. También se incluiría el aporte a la obra social y eventualmente algún ajuste en la duración de las licencias.

La clave, dicen, es asumir un “compromiso político público” con sindicatos y legisladores para despejar temores. Algunos habían sugerido que el tema podría resolverse en la reglamentación, pero quienes conocen de técnica legislativa advierten que esa vía tiene límites: no puede contradecir ni ampliar lo que la ley establece. Los convenios colectivos, en cambio, sí ofrecen margen de negociación.

Claro que no todo es lineal. Una de las dudas que surgen es qué pasaría con los trabajadores fuera de convenio, que podrían quedar al margen de esa aclaración. En el Gobierno minimizan ese riesgo y sostienen que las empresas privadas tenderían a aplicar el beneficio de manera uniforme.

Cualquier modificación directa sobre la media sanción obtenida con 42 votos implicaría que el proyecto regrese al Senado, con tiempos inciertos y un costo político alto.

Con información de La Nación