Reforma laboral: el Gobierno intentará avanzar con un tema clave

El Gobierno sabe que, guste o no, la reforma laboral no saldrá del Congreso tal como fue escrita. Por eso, y casi sin margen para el error, el próximo viernes 16 de enero se pondrá en marcha una comisión técnica en el Senado que buscará retocar el proyecto y evitar que naufrague antes de llegar al recinto.

Al frente del equipo estará la abogada laboralista Josefina Tajes, asesora de Patricia Bullrich, quien deberá sentarse con la CGT y con sectores de la oposición para limar las aristas más filosas de una iniciativa que, hoy por hoy, tiene más detractores que aplausos.

La hoja de ruta ya está marcada. Si hay acuerdo, el 26 de enero podría firmarse un nuevo dictamen de comisión y ese texto, aunque no sea el ideal para nadie, sería el que se lleve a las sesiones extraordinarias de la primera semana de febrero. En el Senado, La Libertad Avanza arranca con apenas 21 votos y necesita 16 más para alcanzar el quórum. Ahí entran en juego los radicales —siete alineados con gobernadores y tres sin padrino político— y otro puñado de legisladores que responden a mandatarios provinciales, esos mismos que en diciembre ayudaron a aprobar el Presupuesto pero ahora miran la reforma con cejas levantadas.

Uno de los nudos más tensos es el famoso artículo 191, que propone una baja de alícuotas para sociedades en los tramos más altos y la exención del impuesto a las Ganancias para los alquileres de vivienda. Desde la Casa Rosada lo venden como una palanca para mejorar la rentabilidad y atraer inversiones. Desde las provincias, en cambio, lo ven como una poda directa a sus arcas. Según los gobernadores, esa menor recaudación recortaría la base sobre la que se distribuyen fondos y les haría perder en conjunto unos 144 mil millones de pesos. Y el golpe no sería parejo: Buenos Aires cargarían con el mayor ajuste, seguida por Santa Fe, Córdoba, Chaco, Entre Ríos, Tucumán y Mendoza, en una lista que mete ruido en cualquier mesa de negociación.

Otro frente caliente es la creación del Fondo de Asistencia Laboral, pensado para cubrir las indemnizaciones por despido sin causa. El esquema es simple, al menos sobre el papel: las empresas aportarían el 3% de su masa salarial y, a cambio, recibirían una reducción equivalente en sus contribuciones patronales al sistema previsional. El problema, dicen especialistas, es que esa cuenta no cierra y podría generar un agujero de unos 3.000 millones de dólares anuales en el financiamiento de las jubilaciones. Para un sistema ya frágil, suena a bomba de tiempo.

La CGT, por su parte, no se queda quieta. Los sindicalistas quieren meter mano en los artículos que limitan a 10 horas mensuales, con goce de sueldo, las tareas gremiales de los delegados, y en los que ajustan la tutela sindical de los representantes. También rechazan la obligación de pedir permiso a los empleadores para realizar asambleas, una cláusula que consideran un retroceso en derechos básicos. Esta semana, de hecho, los jefes gremiales saldrán de gira por las provincias para sumar a los gobernadores a su cruzada por cambios en la letra chica de la reforma.

Con información de El Día