El Gobierno anunció el cierre de la ANDIS: sus funciones son absorbidas por el Ministerio de Salud

El Gobierno nacional anunció este martes la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), cuyas funciones pasarán a estar bajo la órbita del Ministerio de Salud. La decisión fue comunicada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, durante una conferencia de prensa en la que destacó una fuerte reducción de la estructura política del organismo.

Según precisó el funcionario, la medida implica la eliminación de 16 cargos jerárquicos, lo que representa “una reducción del 45,7% en la estructura” administrativa. En ese marco, sostuvo que el traspaso al Ministerio de Salud permitirá que las políticas vinculadas a la discapacidad “se administren de manera transparente, con mecanismos de control y sin discrecionalidades”.

Adorni adelantó que, con la nueva estructura, se garantizará la trazabilidad de los expedientes, la realización de auditorías permanentes y la aplicación de criterios sanitarios en todas las decisiones. “Un sistema eficiente es la condición necesaria para que los recursos vayan a donde tienen que ir: las personas con discapacidad, los equipos de salud y los cuidados que los asisten”, afirmó.

El jefe de Gabinete aclaró que la disolución de la ANDIS no implicará el recorte de pensiones ni modificaciones presupuestarias que afecten a los beneficiarios. “Una cosa es la reorganización de la exANDIS, cuyo objetivo es transparentar y recortar estructura inútil que no tiene sentido, después de haber hecho la auditoría correspondiente. Nada tiene que ver con el tema presupuestario”, señaló, y remarcó que el Gobierno “nunca se apartó de la ley y no lo va a hacer ahora”.

En su exposición, Adorni fue crítico del funcionamiento del organismo desde su creación en 2017. Recordó que la ANDIS nació como un ente descentralizado con la misión de coordinar las políticas públicas en materia de discapacidad, pero sostuvo que con el paso de los años “acumuló toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente”.

En ese sentido, enumeró una serie de irregularidades detectadas, entre ellas pensiones que seguían siendo cobradas por familiares de personas fallecidas, beneficios otorgados sin documentación válida, médicos que avalaban trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaban servicios que no se prestaban. Como ejemplo, mencionó el caso de la fundación Metas, que declaraba brindar apoyos escolares, pero cuyas instalaciones consistían en “una vivienda precaria, sin agua, electricidad ni mobiliario”.

La decisión de disolver la Agencia Nacional de Discapacidad se produce luego de un año marcado por el escándalo de presuntas coimas que involucró al extitular del organismo, Diego Spagnuolo. En ese contexto, hace una semana el exsubdirector Daniel Garbellini presentó un escrito ante la Justicia en el que negó las acusaciones en su contra y aseguró que Spagnuolo era el único funcionario con acceso completo a la información sobre la compra de medicamentos.

Con este cambio, señala TN, el Gobierno busca centralizar la gestión de las políticas de discapacidad dentro del sistema de salud y avanzar en un esquema que, según sostienen desde Casa Rosada, priorice el control, la eficiencia y la transparencia en el uso de los recursos públicos.